La prensa es un contrapoder legítimo en democracia. Los padres fundadores de Estados Unidos roturaron tres principios indelebles: comercio libre, libertad de culto y prensa y opinión libre. Los periodistas españoles han dejado recuerdos de una moralidad extraordinaria. Cuando el terrorismo asesinaba todos los días -también mataba periodistas- las asociaciones de prensa defendieron al diario Eguin -que Baltasar Garzón clausuró-. La defensa era de libro: los periódicos no delinquen, delinquen los periodistas. Las líneas rojas siempre las mismas: el Código Penal y la ley civil -orgánica- de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y la propia imagen. Todo lo que pretenda ir más allá es un ataque directo e inaceptable -no sólo a nivel personal (yo he vivido y he palpado el vértigo periodístico de los años 80) y sí al derecho que tiene el ciudadano a recibir libremente información-. Las democracias (esas motas apenas visibles en el mapa político del mundo y que, desde luego, son moralmente superiores a cualquier otro modelo de organización política) cuidan a sus medios de comunicación. Las pulsiones autoritarias y populistas argumentan de esta manera: ningún poder ha de contradecir al de las Cortes que eligieron a sus representantes por elección directa; no es tolerable que el capital privado domine la opinión y, por ello, ha de caber intervención pública, al menos como reflejo de la representación parlamentaria. Si se defiende la intervención de modo adánico es bueno rebatirla para lograr más y mejores amigos de la libertad de prensa. Si la defensa es dogmática hay que luchar -y en ocasiones la lucha es incómoda y hasta provoca encontronazos (los peores con otros compañeros) y para algunos no merece la pena o se traslada al empuje de los más jóvenes-. Estas cosas eran indiscutibles. Lo eran para los lectores y los columnistas, para los periodistas y los políticos, naturalmente lo eran para los jueces que aplicaban el Código Penal y la Ley Orgánica -y de un modo restrictivo, tutelando siempre el mejor derecho a la información-. Poner en tela de juicio este argumentario sencillo es violentar la democracia liberal. E ir más allá es atacarla frontalmente. El periodista o el abogado -hablamos del foro- defiende su independencia y muestra contrariedad a toda interferencia: hasta la más pequeña, que anuncia intervención intolerable del poder ejecutivo, con frecuencia disfrutando del respaldo espurio de la mayoría que le apoya en la Carrera de San Jerónimo. Hay cosas todavía peores: las listas negras. Tacharte y no darte publicidad institucional; negarte la posibilidad de preguntar en rueda de prensa -es un modo de persecución-. Los tiempos son malos, aunque la censura siempre fracase. Eso creí -y creo-.