Pedro Sánchez presentó, hace unos días, ante el Pleno del Congreso de los Diputados su personalísimo plan de regeneración democrática. A través suyo asegura que busca fortalecer la democracia con una serie de medidas entre las que sobresale la transparencia e independencia por una prensa libre para combatir los bulos y la desinformación. Coincidimos con él en que la libertad de los medios es uno de los pilares esenciales de cualquier democracia moderna. Como también en que el periodismo actual, quizá, empieza a contaminarse peligrosamente con la irrupción de nuevas herramientas como la Inteligencia Artificial, el clickbait, etc. Y es aquí precisamente cuando aparece el asunto de los pseudomedios que, según el líder socialista, desinforman a conciencia y se nutren de noticias fakes con las que sólo buscan sumar visitas. Y es aquí cuando Sánchez se saca un dato, no sabemos si de la manga o no, de que el 90% de los españoles se ven expuestos a este tipo de falsedades de forma permanente. Y, por ello, y parece que necesariamente, el presidente se autoerige en el vigilante de la prensa, desde contenidos y publicidad, siguiendo unos criterios que sólo él conoce y que, supuestamente, dice que están en consonancia con el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación. Hasta aquí más o menos todo bien, parece hasta justo y necesario que se trabaje, incluso desde las administraciones públicas, para asegurar que el periodismo sea siempre serio y riguroso. Pero nos asaltan muchas dudas si acudimos al motivo real para que este plan se haya propuesto con suma urgencia. No es por la activación de medidas para proteger la independencia editorial y los derechos de los profesionales de los medios. O para evitar las presiones del ámbito político y empresarial sobre los profesionales de la información. Es, sin duda, por el Caso Begoña Gómez. Según Sánchez, que su mujer haya acabado sentada en el banquillo frente a un juez es sólo por culpa de una serie de informaciones falsas publicadas por algunos de esos supuestos medios a los que ahora quiere eliminar sin contemplaciones. En cualquier caso, este plan, seguramente necesario en algunos aspectos, es la excusa perfecta para que desde el Gobierno se pueda acabar, sin muchas explicaciones, con el periodismo no afín a sus propios intereses. Sea fake o no. Está pasando.