La noticia bomba de la semana pasada fue el acuerdo entre PSOE y PP para la renovación del CGPJ. Un paso necesario hacia la despolitización del poder judicial. Se logrará cuando los candidatos al CGPJ sean elegidos por sorteo entre los jueces habilitados. Solo entonces acallaremos la queja de los partidos minoritarios: «Y los de mi cuerda ideológica, ¿cuándo?»
El siguiente paso es la despolitización del Tribunal Constitucional (TC). Resulta ineludible para detener el golpe de Estado en ciernes que ha empezado con un cambio semántico. Hoy cualquier norma es constitucional si así lo decide el TC, no importa cuán graves sean sus ataques a la letra y el espíritu de la Ley Fundamental. Por supuesto, antes de dar tamaño giro, el Gobierno se aseguró de tener mayoría absoluta entre los magistrados y un presidente de absoluta confianza. Aquel que aseguró estar dispuesto a mancharse la toga con el barro de la política.  
La CE de 1978 es claramente garantista, como procede. Bastaría consensuar alguna precisión al Título IX. Los 12 magistrados elegidos (con mayoría de 3/5) por el Congreso, Senado, Gobierno y CGPJ se circunscribirían a los 20 nombres elegidos por sorteo entre los juristas que, cumpliendo ciertas condiciones, estén dispuestos a asumir la nueva responsabilidad.
Toquemos fondo. La pretensión de mezclar jueces con diferentes «sensibilidades políticas» para que cada uno ataque la Ley Fundamental desde su posición, me parece tan peligrosa como exponer un plato de nitroglicerina al sol de julio. Un TC independiente es el que se atreve a decir al Gobierno y Cámaras legislativas: «Nuestra sentencia es el resultado de aplicar la Constitución vigente. Si no están de acuerdo, les conmino a emprender una reforma constitucional».