El arranque de 2025 trae consigo un panorama complejo para las economías familiares. Mientras la inflación repunta ligeramente tras meses de moderación, los cambios fiscales implementados este 1 de enero añaden presión a unos hogares españoles que aún lidian con rentas ajustadas y desigualdades persistentes. Aunque el Producto Interior Bruto sigue creciendo, la recuperación económica parece no traducirse de manera equitativa en el bienestar de la población.
Uno de los ajustes más inmediatos y perceptibles es el retorno del IVA a los niveles previos a las rebajas temporales aplicadas durante la crisis inflacionaria. Alimentos básicos como el pan, los huevos, las frutas y las verduras vuelven a tributar un 4% de IVA, mientras que productos como la pasta y los aceites de semilla se sitúan nuevamente en el 10%. Aunque el aceite de oliva y los derivados de la leche verán una reducción al tipo superreducido del 4%, el impacto generalizado de esta medida resta alivio a las familias en un contexto donde el precio de los bienes esenciales sigue siendo motivo de preocupación.
La factura eléctrica, tradicionalmente un termómetro de la economía doméstica, también se encarece. El retorno definitivo del IVA al 21% tras meses de alivio fiscal supondrá un golpe directo al gasto energético, especialmente en los meses de invierno. Esta medida, que afecta en mayor medida a los hogares más vulnerables, subraya las contradicciones de una política fiscal que busca la consolidación presupuestaria a expensas del bienestar cotidiano.
Estas medidas contrastan con incentivos fiscales como la prórroga de deducciones para obras de mejora de eficiencia energética, que, si bien beneficiosas a largo plazo, no compensan de manera inmediata el aumento de los costes en bienes esenciales.
Por otro lado, el horizonte cercano anuncia más ajustes con turbulencias políticas. La reconfiguración del impuesto a la banca, un tipo progresivo sobre los márgenes de intereses y comisiones de cada entidad, tiene que abordarse este año; así como la nueva tasa a grandes energéticas, aún pendiente de convalidar por el Parlamento, que promete fricciones entre los socios de Gobierno de Pedro Sánchez.
El argumento del Gobierno, basado en la necesidad de sostener las finanzas públicas, no puede ignorar el impacto desigual de estas decisiones. La recuperación económica, si bien real en términos macroeconómicos, no debe traducirse en un mayor sacrificio para aquellos que ya enfrentan dificultades para llegar a fin de mes. La política fiscal, más que un simple ajuste técnico, es una declaración de intenciones sobre cómo repartir las cargas y los beneficios del crecimiento.