10 de enero. Día en rojo en el calendario de los venezolanos, que tienen ante sí una jornada incierta en la que dos presidentes quieren asumir la Jefatura del Estado del país. Tanto Nicolás Maduro, el actual mandatario, como Edmundo González Urrutia, hasta el momento líder opositor pero que clama por su victoria en las urnas, aspiran a su proclamación como máximos exponentes de la política de un país en el que la tensión va en aumento.

Para aliñar aún más esta situación, González Urrutia arranca hoy una gira internacional en Buenos Aires en la que será recibido por el presidente argentino, Javier Milei, mientras que en su país, la Policía ofreció, paradojas de la política, el pasado jueves una recompensa por 100.000 dólares para cualquier persona que conozca su paradero. Cabe destacar ante esta situación que Urrutia permanece exiliado en España desde el pasado septiembre.

Ninguno de los dos bandos en esta lid parecen estar dispuestos a dar un paso atrás.  Maduro aseguró hace unos días que en 2024 la «unión nacional» se impuso por encima de la «violencia fascista» que intentó «perturbar la tranquilidad» del país.

«Fue un año de victoria de Dios en Venezuela, de paz, la justicia y la verdad, aprendimos que nada ni nadie nos quitará el derecho a la felicidad suprema», arengó en un mensaje publicado en Telegram.

En paralelo, González Urrutia reclamaba a todos los venezolanos  seguir «juntos con el compromiso de hacer valer ese mandato en el 2025», en referencia a las elecciones presidenciales de julio pasado.

«El 10 de enero, como ustedes saben, es la fecha que pauta la Constitución para que, como presidente electo, asuma las funciones correspondientes», escribió en X.  Añadía que el próximo viernes  «debe ser el día del abrazo» en las calles del país «entre todos los venezolanos sin distinciones ni vendettas, ese día es la oportunidad para dejar atrás las palabras que promueven el odio y la división».

Ante este escenario y los previsibles choques entre facciones que puedan acaecer en los próximos días, la ONU reclamó ayer al Gobierno de Caracas que garantice el derecho de la población a opinar y manifestarse «sin miedo a posibles represalias». La Misión Internacional Independiente de Investigación lanzó «un fuerte llamamiento» con vistas al teórico punto de inflexión del 10 de enero. Su presidenta, Marta Valiñas, exhortó a las fuerzas de seguridad a «comportarse con los más estrictos estándares internacionales en materia del uso de la fuerza», después de que más 2.400 personas fuesen detenidas durante las movilizaciones postelectorales.

El Ministerio Público aseguró que más de 1.300 de estos detenidos están ya en libertad, pero la ONG Foro Penal estima que en las cárceles de Venezuela sigue habiendo más de 1.800 presos recluidos por razones de índole política.

A las calles

Que los ciudadanos saldrán a las calles es algo esperado, ya que la propia líder de la oposición, María Corina Machado, convocó ayer a una manifestación de cara a la toma de posesión de la Presidencia, invitando a los ciudadanos a manifestarse y entonar el himno nacional.

«Venezuela entera se encontrará en la calle, abrazándonos en un rito hermoso y poderoso de libertad, en toda Caracas, pueblos y ciudades», apuntó, añadiendo un ingrediente más al cóctel del día 10.