A 48 horas de que finalizase el plazo establecido para ello, seis comunidades autónomas han presentado recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía aprobada apenas hace unos meses, al considerar sus gobiernos que dicha ley vulnera el principio de igualdad que emana de una Constitución que se vería ultrajada y vejada de llegar a aplicarse esa ley en un futuro inmediato. De las seis autonomías que solicitan el frenazo al Tribunal Constitucional cinco son gobernadas por el Partido Popular: Andalucía, Aragón, Cantabria, Madrid y Murcia, que desde el inicio de estas lides han denunciado lo que consideran un atropello anticonstitucional por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y mostrando su disposición para montar una ofensiva judicial y voltear la aplicación de la ley aprobada por el Ejecutivo socialista del Gobierno central. Sin embargo, la sexta comunidad que se ha sumado al recurso, Catilla-La Mancha, es de Gobierno socialista, con Page al frente del mismo y que, una vez más, ha decidido desmarcarse de la ruta de su partido y convertirse en verso libre, lo que le hace ser desde ese momento el foco de atracción de la cuestión en el panorama nacional.
García-Page, al menos de palabra, ya ha sido muchas veces la voz díscola en el PSOE liderado por Sánchez. Pero quizá esta vez ha rebasado sus anteriores marcas pues su desmarque ha superado el listón del verbo para pasar a los hechos. Se ha convertido en protagonista y punto de atracción en una traviesa maniobra política de consecuencias imprevisibles tanto a nivel nacional como en el ámbito de la política regional. Page gusta de ser centro de atención, pero esta vez la atracción puede ser fatal.