El 23 de febrero de 1981 asistimos a un golpe de Estado tradicional: un alzamiento militar con tiros en el mismo Congreso nacional. El golpe quedó en una simple asonada cuando el Rey Juan Carlos I compareció en TVE para condenarlo. 
El 1 de octubre de 2017 la Generalitat cambio las armas por las urnas y las sonrisas. Un referéndum ilegal y chapucero desencadenó una declaración unilateral de independencia. La parodia fue desmontada con las herramientas de nuestro estado de derecho: el Rey Felipe VI lo condenó de forma inequívoca, los dos partidos mayoritarios acordaron en las Cortes la aplicación del artículo 155 de la Constitución, los tribunales (Supremo y Constitucional) dictaron las sentencias oportunas.
El golpe de Estado que estamos viviendo en el 45 aniversario de la Constitución española (CE) es más sutil. Son las propias autoridades estatales quienes están alterando la CE por la puerta de atrás, reinterpretando su letra y controlando las instituciones destinadas a protegerla. Un ejemplo. Tras asegurarse la mayoría «progresista» en el Tribunal Constitucional (TC), el Gobierno aclara: «Como no podía ser de otra manera, será constitucional todo lo que el TC considere como tal».  Tres métodos diferentes de alterar el orden constitucional saltándose los cauces de reforma dispuestos por ella. En eso consiste un golpe de Estado, además de acabar con la división de poderes. Tres tragicomedias más propias de un escenario teatral que de la arena política. Los dos primeros golpes se desmoronaron antes de materializarse. El tercero es más peligroso y no tiene marcha atrás. Para conseguir los votos que necesitaba para llegar al Gobierno y mantenerse en Moncloa, Sánchez ha dado tantos privilegios a la extrema izquierda y los independentistas, que es muy difícil que le abandonen. Tampoco el PSOE sabría dónde ir. Si alguien tiene dudas, que mire a Venezuela.