España y Argentina comparten algunos rasgos importantes: una población de 47 millones sometida a una regulación asfixiante y creciente. El nuevo año, parece haber provocado un cambio de agujas. El Gobierno socialista de Sánchez ha aprobado un «decreto-ley ómnibus». Cientos de páginas pasan a «engrosar» la ya abigarrada organización de la justicia, función pública y mecenazgo cultural. Por las mismas fechas, el gobierno liberal-libertario de Milei ha aprobado una «ley ómnibus» que deroga importantes regulaciones contenidas en 360 leyes peronistas.
El liberalismo tiene sus razones y sinrazones. Hoy me referiré a sus razones socioculturales y económicas. Son tan diferentes las personas que pueblan el mundo y cada una de sus naciones que una regulación uniforme sería contraproducente por no decir imposible. Más sencillo y justo es dejar que se asocien y organicen como deseen, respetando unos pocos derechos fundamentales, amén de la propiedad privada. La colaboración privado-público es posible. La mayoría acepta que el Estado organice una educación infantil obligatoria y gratuita, señalando unos contenidos científicos mínimos. Lo que los liberales critican es que Estado aproveche esta rendija para eliminar los centros educativos privados y adoctrinar a los niños en materias de fuerte contenido ideológico.
Las razones económicas del liberalismo se justifican por la mayor eficacia de las empresas y organizaciones privadas. Para obtener beneficios, los empresarios han de mejorar la calidad del servicio que ofrecen al tiempo que reducen su coste. De lo contrario, pronto serán barridos por la competencia. Esta restricción no rige para los centros de gestión pública. Los políticos y gestores no sufren penalización alguna cuando sus organismos dejan de funcionar. Posiblemente utilizarán esta ineficiencia como un motivo para solicitar el aumento de su asignación presupuestaria.