El Grupo Popular en la Diputación Provincial de Albacete ha presentado una moción para su debate y aprobación en el próximo pleno de la institución, en la que rechaza cualquier tipo de amnistía generalizada para los promotores del intento de insurrección de 2017 en Cataluña contra el orden Constitucional.
Así lo pone de manifiesto el secretario general del PP de Albacete y viceportavoz del Grupo Popular en la Diputación Provincial, Bernardo Ortega, tras la multitudinaria manifestación de este domingo en Madrid, donde más de 500 ciudadanos de todos los rincones de la provincia de Albacete se desplazaron para decir no al intento desesperado de Pedro Sánchez de mantenerse en la Presidencia del Gobierno de España, a costa de indultar a los condenados por el Tribunal Supremmo por delitos de sedición y malversación.
El PP recuerda en su propuesta que desde la tramitacion de la CE de 1978, se debatió la cuestión de la amnistía, ya que se presentaron dos enmiendas para que las Cortes Generales pudieran tener esa compentencia. Las enmiendas fueron rechazadas y, por el contrario, se aprobó el artículo 62 que prohíbe indultos generales. Es decir, el perdón – que sí existe en nuestro ordenacimiento y que está regulado en la Ley del Indulto- debe ser siempre individualizado, y nunca con carácter general.
ATENTA CONTRA EL PODER JUDICIAL
Para Bernardo Ortega "en una democracia consolidadada como la española, una amnistía, además, atenta contra algunos de los principios básicos del Estado de Derecho como son la exclusividad del Poder Judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, la igualdad en la aplicación de la Ley y la seguridad jurídica; ni el legislador, ni el poder ejecutivo, pueden arrogarse la facultad de declarar inmune a un grupo de personas, borrar sus delitos e incluso evitar que sean juzgados como cualquier otro ciudadano".
El Partido Popular recuerda igualmente que la respuesta del Estado de Derecho al referéndum ilegal en Cataluña fue la aplicación del Artículo 155 de la CE y la puesta en marcha de los instrumentos penales contra sus impulsores; el Tribunal Supremo condenó a sus principales líderes a penas de entre 9 y 13 años por sedición y malversación y, desde entonces, los condenados tratan de evitar la acción e los Tribunales españoles y europeos. Y ya el pasado 5 de septiembre, Puigdemont condicionó la gobernabilidad de España a, entre otras cuesiones, la aprobación de una ley de Admnistía.
"El precio de la Presidencia del Gobierno de España no sería solo exculptar centenares de delitos, sino deslegitimar el Estado de Derecho y blanquear y considerar la legitimidad de la sedición que se llevó a cabo; en definitiva, un precio político insumible para cualquier gobernante decente, y que la falta de rechazo explícito y contundente por parte del Gobierno socialista está causando una profunda conmoción social, como ha quedado acreditado en la gigantesca manifestación celebrada este pasado domingo en Madrid", concluye el viceportavoz del Grupo Popular de la Diputación de Albacete.