Las organizaciones agrarias venían expresando su disconformidad con el acuerdo UE-Mercosur desde hace meses y la protesta en Madrid de la semana pasada ya dejó claro el sentir de la mayor parte de agricultores y ganaderos. Reunir a 5.000 personas en Madrid en plena campaña de sementera, de paridera de ovino, de recogida de la aceituna... habiendo convocado la manifestación con tan poca antelación es sin duda una señal inequívoca.

Y ahora son 11 comunidades autónomas las que expresan su desconfianza con el pacto. Los gobiernos autonómicos de la Comunidad Valenciana, Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, Aragón, Extremadura, Madrid, Baleares y Castilla y León han remitido una carta al Ministerio de Agricultura para pedir la convocatoria de una conferencia sectorial para analizar las consecuencias del acuerdo entre la Unión Europea y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela).

El objetivo es analizar de manera urgente las implicaciones del pacto sobre el sector agroalimentario español. «Necesitamos saber de primera mano las consecuencias que va a tener para nuestro sector y también establecer una hoja de ruta entre todas las administraciones públicas para ser más eficaces en la defensa de los intereses del sector», ha explicado el consejero de Agricultura de la Comunidad Valenciana, Miguel Barrachina, en un comunicado.

El representante valenciano ha advertido de que el acuerdo podría generar una competencia desigual entre los productos agroalimentarios europeos y los procedentes de terceros países. Según ha expuesto, determinadas ramas productivas, incluidos productos clave como el arroz, los cítricos o los sectores avícola, vacuno y apícola, podrían verse «especialmente afectadas» si no se adoptan medidas que garanticen un marco competitivo justo. «Debemos garantizar la productividad del sector agroalimentario y asegurar que nuestros productos compiten en igualdad de condiciones con los importados», ha defendido Barrachina.

También ha hecho hincapié en la importancia de una postura común y firme entre el Gobierno y las comunidades autónomas: «Es imprescindible una estrategia coordinada para fortalecer la defensa de los intereses del sector agrícola y ganadero español. Solo así seremos más efectivos frente a los retos que plantea este tipo de acuerdos internacionales».

Movilizaciones.

Por otro lado, las organizaciones agrarias mantienen su amenaza de convocar un calendario de movilizaciones a la entrada del próximo año si no cambian las condiciones del acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, tras la reunión con el Gobierno celebrada hace unos días. Al encuentro estaban convocadas las organizaciones de ASAJA, COAG, UPA y Unión de Uniones, que se han reunido con la secretaria de Estado de Comercio y la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria.

A la salida de la reunión, el coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, ha declarado que la reunión «llega tarde», ya que el acuerdo con Mercosur proviene de 2019, y ha comentado que hay sectores que «lo van a pasar muy mal» como el de la carne de vacuno, el del arroz o el de la miel. En este sentido, Cortés ha denunciado que si no se incluyen las cláusulas espejo en el acuerdo con Mercosur, el Gobierno contribuirá a crear una «competencia desleal». «O se imponen las cláusulas espejo, tal y como se comprometió el Ministerio, o los tractores volverán a Madrid en enero o febrero, en este caso convocados por Unión de Uniones», ha avisado el coordinador estatal del sindicato.

Por su parte, el secretario de relaciones internacionales de UPA, José Manuel Roche, ha explicado que este acuerdo puede ser «muy bueno para la UE, pero es un mal acuerdo para determinados sectores, ya que no se sabe la evolución o el impacto que puede tener. Tal y como se firmó en el acuerdo de las 43 medidas, se tienen que tener en cuenta las cláusulas espejo y el principio de reciprocidad», ha comentado Roche, a lo que ha añadido que también se tienen que incluir cláusulas de salvaguardia y el sistema de compensación para los sectores que pueden verse afectados por el acuerdo.

El director técnico de COAG, José Luis Miguel, ha declarado que no ha habido «grandes novedades» en la reunión, por lo que siguen «en la misma línea». «Se ha utilizado a la agricultura como moneda de cambio», ha denunciado Miguel en su declaración a la salida de la reunión, ya que se les han hecho «todas las concesiones» en la agricultura a costa de lograr concesiones para la UE en el resto de sectores. Así, ha advertido de que el acuerdo va a provocar un debilitamiento de la estructura productiva europea.

Por último, el presidente de ASAJA, Pedro Barato, ha declarado que, en lo que respecta al sector agrario, no se les ha explicado en qué les beneficia el acuerdo con Mercosur. «No he visto ningún sector agrícola ni en Europa ni en España que aplauda el acuerdo», ha concluido Barato.

otro punto de vista. En el otro extremo, el Gobierno considera que el acuerdo alcanzado el pasado 6 de diciembre es ambicioso y equilibrado para el sector agroalimentario e incorpora medidas para proteger los productos europeos más sensibles a la competencia. Desde el Ministerio sostienen que el acuerdo ofrece «una gran oportunidad» para los agricultores y ganaderos españoles, así como para el conjunto del sector agroalimentario español, porque les permite abrir nuevas posibilidades de mercado y ampliar las exportaciones.

Fuentes del departamento de Planas han explicado que el acuerdo incluye medidas diseñadas cuidadosamente para proteger los productos más sensibles a la competencia con los producidos en Mercosur como carne de vacuno, de ave de corral o azúcar. Para estos sectores se limita la apertura del mercado europeo a través de contingentes arancelarios que permitirán importar de manera preferencial unas cantidades restringidas de productos que apenas representan una pequeña parte del consumo de los mismos en la UE, entre el 1% y el 2%. La importación adicional a las cantidades establecidas no es objeto de liberalización.

Desde el Ministerio han añadido que «los productos procedentes de Mercosur, al igual que todos los alimentos que se importan de países terceros, cumplen, a su entrada al territorio comunitario, con unos estrictos controles de higiene y calidad alimentaria, sanitaria y fitosanitaria, de acuerdo a la normativa comunitaria», han subrayado.