El comunicado lo envió la oficina del primer ministro de Israel y decía que Benjamin Netanyahu ha dado instrucciones al titular de Asuntos Exteriores para que convoque a la embajadora española y le transmita su indignación por los «vergonzosos» comentarios del presidente español, el mismo día que terroristas de Hamás asesinaron a ciudadanos israelíes en Jerusalén.

Es la segunda vez que el mandatario israelí convoca a la embajadora Sálomon para trasladar su rechazo a declaraciones de Pedro Sánchez, y la segunda ocasión que, por el mismo motivo, es reclamada la diplomática hebrea en España para que viaje a su país e informe en persona a su Gobierno judío. 

En diplomacia, la llamada a consultas a un embajador es el gesto previo a la ruptura de relaciones. Esta acción no significa que pueda producirse un anuncio de ruptura por parte de Israel, pero sí es prueba de que el reciente viaje del político español a la zona, para entrevistarse con Netanyahu y con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, ha provocado una crisis sin precedentes entre los dos países. 

Lo que más indignó al Ejecutivo y a parte de su ciudadanía y de la oposición fueron las declaraciones del socialista en las que puso en duda que Israel cumpliera con el derecho internacional humanitario. También dolió que Sánchez calificara como «anécdota» que durante su reciente viaje a Israel el Gabinete hebreo le llevara -junto al primer ministro belga- a visitar uno de los kibbutzim donde Hamás perpetró la peor de las matanzas con más de 100 asesinados a sangre fría, entre ellos, una cuarentena de niños. Y en el plano político, que anunciara que el Gobierno de España está a favor de la creación de un estado palestino. 

Esto último no incomodó especialmente a Israel porque la misma posición la defienden varios países amigos e, incluso, Naciones Unidas, pero sí le pareció indignante al equipo de Netanyahu que lo reitere Sánchez en estos momentos en los que Hamás ha aplicado toda su fuerza terrorista, con centenares de muertos civiles y más de 200 rehenes provocando una guerra de proporciones no conocidas desde que Israel logró su independencia en 1948.

No ha favorecido a España y a su jefe de Gobierno que en medio de esta crisis entre los dos países el grupo terrorista trasladara a Sánchez su agradecimiento por el apoyo a la causa palestina. El jefe del Ejecutivo no apoya a Hamás, incluso pronunció frases de condena, pero no fue suficientemente contundente, menos incluso que algún país árabe y que la propia ANP. Sin embargo, resultó muy duro con Israel por la muerte de civiles en los bombardeos contra Gaza y por cuestionar que cumpla con la obligada defensa.

Lo que no acaba de asumir ni él ni los miembros de su equipo, es que en las decisiones sobre política exterior es básico conocer las alianzas internacionales, tanto las políticas como las económicas, de seguridad y defensa más las históricas.

La posición del Gobierno en la guerra de Gaza obligaba a una coordinación con las dos organizaciones a las que pertenece España, la UE y la OTAN, que consideran a Hamás una organización terrorista y que apoyan a Israel, a pesar de las reticencias que provoca Netanyahu. 

Tanto en Estados Unidos como en Bruselas se han mantenido públicamente callados ante la forma en la que el socialista está encarando la posición de España ante la guerra de Gaza, pero se han lanzado mensajes de advertencia sobre cuál es la política se seguridad y defensa común de la UE que es responsabilidad de Josep Borrell, un español con gran prestigio en Bruselas que fue presidente del Parlamento Europeo y titular de Exteriores con el propio Sánchez. 

En cuanto a Estados Unidos, que sigue manteniendo recelo hacia los gobiernos socialistas españoles a raíz de los desencuentros que hubo con Zapatero y que heredó el inquilino de la Moncloa en los primeros tiempos de su mandato.

Cambio de posición

La política exterior nacional no atraviesa su mejor momento. Pero es significativo que, a una semana de ser anunciado el nuevo ministro, Albares por una parte, y Félix Bolaños por otra, viajaran a Bruselas para intentar que la imagen de España no estuviera de capa caída por su política exterior e interior. La exterior, centrada en su cambio de posición respecto al Sáhara y, en los últimos días, por el tono tan poco diplomático que algunos medios británicos consideraron amenazantes, que utilizó el ministro Albares con el nuevo secretario general del Foreign Office, David Cameron, respecto al futuro de Gibraltar. Asunto que el líder británico conoce en profundidad desde hace años porque ha sido jefe del Gobierno de su país.

En cuanto a la UE, las dificultades con la Comisión se centran especialmente en asuntos judiciales: la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial, que el Ejecutivo achaca al bloqueo sistemático del PP mientras que el Génova exige un cambio en el sistema de elección de los nuevos vocales, para que el órgano que es responsable de la administración de la Justicia pierda su actual politización y sea elegido por los propios profesionales. 

El comisario de Justicia, el liberal Reynders, que ha viajado frecuentemente a España para hablar con todas las partes, públicamente parecía más cercano a las tesis del PP, pero esta semana mantuvo un encuentro en Bruselas con el nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños, que, según declaró, el político español al finalizar la reunión se habían impuesto las tesis defendidas por el Gabinete de Sánchez: es prioritario renovar el CGPJ, lo que Bolaños consideraba que era un toque al PP y, segundo, respecto al otro gran asunto que preocupa en Europa, la ley de la amnistía que, según precisó el ministro de Justicia, «hay cero problemas».

Esas palabras tranquilizadoras no se corresponden exactamente con la realidad, según las fuentes utilizadas por diferentes corresponsales españoles en Bruselas, que probablemente han tenido a Reynders como principal interlocutor. 

Efectivamente, los dos comisarios trasladaron a Bolaños que hay que renovar de forma urgente el Consejo pero, en ningún caso, apoyaron la fórmula actual. No entraron en eso porque es una cuestión de política interna, aunque sí reiteraron que es obligado respetar la independencia del poder judicial.

Más preocupados se mostraron sobre la Ley de Amnistía, en la que Bolaños puso el acento que no es una ley que emana del Gobierno sino del Parlamento, por eso se presentará en las Cortes como proposición de Ley, no como proyecto de Ley. Tanto Reynders como la vicepresidenta Jourova, expresaron su inquietud por esa norma, cuyo texto aún no es definitivo pero saben que está condicionado por las exigencias que ha puesto Puigdemont al Ejecutivo. Reynders conoce muy bien a Puigdemont y cuál es su situación, entre otras razones porque los eurodiputados españoles de todos los grupos del Parlamento Europeo, excepto los de Podemos, se han pasado meses haciendo gestiones para que la Cámara levantara la inmunidad al político y pudiera ser juzgado por un tribunal español.

Los comisarios trasladaron su confianza a Bolaños respecto a que el Ejecutivo actuará en consecuencia y con respeto a la ley, pero Reynders le envió un mensaje al ministro español de Justicia: la Comisión había recibido estos días docenas de miles de mensajes de ciudadanos españoles expresando su rechazo a la amnistía. Tantos mensajes, que fue imposible que los servicios europeos pudieran tramitarlos convenientemente. 

Cuando escucharon las declaraciones de Bolaños sobre el resultado de la reunión, el comisario de Justicia pidió a su portavoz que explicara que no es cierto que no les cause preocupación la ley de amnistía, sino que están a la espera de su tramitación y aprobación. 

El hecho de que Reynders promoviera una matización, corrección o como quiera llamarse al «cero problema» de Bolaños, demuestra la fragilidad del optimismo del titular español de Justicia y el desacierto de su diagnóstico. La amnistía española sí preocupa en la Unión Europea.