Tras la Segunda Guerra Mundial los viejos países europeos comprendieron la necesidad de compartir un mismo paraguas para asegurar la paz y conseguir metas que interesaban a todos pero que difícilmente podían conseguirse por separado. Países como España testifican la importancia de contar con un mercado de 500 millones de habitantes que te obligaba a ser competitivo, con ayudas sociales en momentos de necesidad y con un marco institucional que dificulta las veleidades contra el Estado democrático de Derecho. 
Como cualquier institución humana, la UE es un claroscuro. Las críticas más repetidas contra ella aluden al centralismo, la burocratización y el intervencionismo asfixiante. En Bruselas se ha instalado una cohorte de funcionarios que conviven con los grupos de presión más variopintos y que se han empeñado en controlar nuestras vidas para hacernos felices. 
La solución consiste en volver a los principios fundantes de nuestra Unión. El artículo 5 del Tratado de la UE deja claro que las instituciones europeas han de limitarse a las competencias que le han sido expresamente atribuidas y lo harán respetando los principios de proporcionalidad y subsidiariedad. La protección del medio ambiente no puede significar la eliminación de la ganadería porque los gases de las vacas lleven metano. La subsidiariedad obliga a asignar cada función al nivel de gobierno que está más cerca del ciudadano, siempre que pueda ejercerla eficazmente. Obliga también a respetar la libre iniciativa privada. Este principio lo introduce la Economía Social de Mercado que dominó la reconstrucción alemana tras la guerra mundial. Lamentablemente fue barrido por el Estado del Bienestar anglosajón que, en palabras de W. Beveridge, debía cuidar del individuo «desde la cuna a la sepultura». 
Este es lo peor que nos puede ocurrir. Que el intervencionismo ahogue la iniciativa privada.