El abogado de la registradora de la propiedad, condenada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Albacete a 12 años de prisión, por acosar laboralmente a seis de sus empleados y causarles lesiones psíquicas, ha renunciado a defender a su clienta.
Así lo confirmaban ayer a La Tribuna de Albacete desde el despacho de abogados de Marcos García-Montes, letrado de la acusación particular.
De esta forma, el abogado Juan Carlos García Martínez, deja de representar a la registradora M.D.P.R.T., que ya ha designado a dos nuevos abogados, en esta ocasión de Valencia, para que recurran la sentencia del Juzgado de lo Penal 1 de Albacete ante la Audiencia Provincial.
Un problema. Esto ha provocado un problema, puesto que aunque la sentencia se hizo pública el 20 de diciembre y se le comunicó al abogado de la defensa y al de la acusación particular, lo cierto es que a la registradora de la propiedad no se le ha comunicado personalmente, con lo que los plazos para presentar el recurso ante la Audiencia no están corriendo, como señalaba el propio García Montes. «No es normal que el abogado renuncie cuando le han dado traslado para formalizar el recurso. Además el letrado ha pedido que se lo notifique a su cliente, cuando él se lo tendría que haber comunicado a ella».
Sin embargo, dicha comunicación oficial no existe, a pesar de que desde el Juzgado de lo Penal 1 de Albacete se ha enviado un exhorto al Juzgado Decano de Madrid a fin de que procedan a la notificación de la sentencia personalmente a la acusada en el domicilio madrileño que fue facilitado por ella, como su residencia, como señalaba el letrado Daniel Macías, del despacho de Marcos García-Montes. «Esta señora tiene varios inmuebles. Ella aportó un domicilio en Madrid, allí no han podido notificárselo personalmente, con lo que el plazo no ha empezado a correr. Ella quiere ganar todo el tiempo posible para preparar el recurso y va a hacer todas las estratagemas posibles para lograrlo. Creemos que está tratando de ganar todo el tiempo posible, porque se le notificó la sentencia a su procuradora, se la notificaron a su abogado anterior, pero a ella personalmente no».
Y es que el plazo para presentar un recurso normalmente es de 10 días desde la notificación, pero como no se le ha notificado dicho plazo ni siquiera ha empezado a correr.
Macías se mostraba convencido de que la procesada presentará recurso ante la Audiencia y también ante el Supremo si no consigue ser absuelta. «Estamos seguros al 100% de que va a recurrir la sentencia y nosotros impugnaremos ese recurso».
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