El retraso que están causando las diferentes huelgas en la Justicia es para que todas las partes se replanteen la situación. Partiendo de la total defensa del derecho a la huelga que tiene todo trabajador, cabe señalar que cuando se perjudica a todo un sistema y por ende al ciudadano de a pie, habría que buscar una solución rápida porque lo que está sucediendo no es normal.
El papelón que está jugando aquí la ministra de Justicia, Pilar Llop, es para que se lo hiciera mirar. Ya dejó clara su incapacidad negociadora cuando después de dos meses de huelga de los Letrados de la Administración Judicial (LAJ) -antiguos secretarios judiciales-, terminó cediendo a todas sus peticiones, después de un paro que generó un considerable retraso de todos los asuntos que se tenían que resolver en los juzgados. Como dice el refrán para este viaje no hacían falta alforjas, porque si iba a ceder a sus peticiones lo podría haber hecho mucho antes.
Lo que no se entiende ahora con la huelga de los funcionarios de Justicia, ni siquiera se haya querido sentar a negociar, recordando al personaje de aquella mítica película de PacoMartínez Soria, DonErre que Erre. Llop no ha aprendido la lección y como mal estudiante que ha sido está permitiendo que el atasco que ya se originó con los LAJ, se agrande ahora con el paro de los funcionarios.
Todo esto lo que ha provocado son muchos problemas para los ciudadanos que están viendo paradas sus vidas. Retraso en indemnizaciones por despido o por otras cuestiones, que tiene millones de euros retenidos en todo el país.
Millares de juicios aplazados en la provincia, muchos de ellos sin avisar a los protagonistas hasta minutos antes de la hora prevista para su celebración, con el consiguiente perjuicio que produce el tener que desplazarse, a veces desde cientos de kilómetros, para que todo quede en nada.
Hasta el número de divorcios cayó un 20% en la ciudad en el primer trimestre del año, en gran parte debido al paro protagonizado por los LAJ, a estos datos habrá que sumar en la siguiente estadística los efectos de la huelga de funcionarios, que además tiene un seguimiento de más de 80% tanto en Albacete como a nivel nacional, por lo que ese porcentaje seguramente ya será superior.
Lo que llama la atención en este tema es que el Ministerio de Justicia no ha sabido o querido parar estas huelgas, mientras que en cuanto jueces y fiscales anunciaron su intención de parar, no tuvieron reparos en aceptar sus pretensiones sin necesidad de que fuesen a la huelga.
Ahora entramos de nuevo en periodo electoral y no parece el mejor momento para que la ministra se siente a negociar, primero por la falta de voluntad demostrada y segundo, porque está cerca de la casilla de salida.