El dramático incendio de un complejo residencial en Valencia que se vendió como un producto de lujo tanto por su precio como por los materiales empleados en sus construcción vuelve a poner el foco sobre el control de la administración en el parque inmobiliario, siempre expuesto a siniestros que, como es el caso, pueden tener consecuencias demoledoras. Salvando las diferencias, que las hay, el caso recuerda al siniestro de las discotecas de Murcia que en octubre del año pasado se cobró 13 vidas. Cuando sucede una tragedia de estas dimensiones, es palmario que algo ha fallado. El qué y el porqué es algo que debe determinar la investigación, pero hay dos cuestiones que están fuera de toda duda: existen unos códigos y normas de obligado cumplimiento para ejecutar una promoción o abrir al público un establecimiento y se deben acreditar para obtener la licencia que haga habitable un inmueble y garantice la seguridad de las personas. Para que un edificio construido en 2008 arda en apenas unos minutos es necesario que se cometiera alguna negligencia en su diseño y, por tanto, en la obligada supervisión pública. Al tiempo.
No todos los inmuebles de una ciudad están sometidos a los mismos códigos técnicos. Las condiciones en las que fueron erigidos dependen del momento en el que se promovieron. La normativa ha avanzado mucho, se ha hecho más exigente y, en consecuencia, más garantista para las personas. Aún así, hay tragedias que ponen en alerta a todo un país.
Las comunidades más expuestas, en teoría, son aquellas que residen en bloques antiguos que no han sido objeto de una inspección técnica que es obligada, ya que en 2013 se impuso la obligación de la Inspección Técnica de Edificios (ITE) para los que cumplían el medio siglo de existencia. En el caso de Albacete, ese año, el Consistorio elaboró una ordenanza municipal de conservación e inspección periódica de edificaciones y construcciones y, aunque el actual Informe de Evaluación de Edificios (IEE) se rige por la norma regional, el Ayuntamiento de la capital es el que elabora anualmente el listado de los inmuebles obligados a disponer del mencionado IEE. Así, según datos de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda, el número de inmuebles que debían pasar el trámite en 2023 por tener 50 años de existencia eran 198, cifra que aumenta a 315 en 2024.
La primera responsabilidad es de la propiedad horizontal, advertida a través de los administradores de fincas, ya que los propietarios deben realizar la inspección a través de un técnico competente (arquitecto o arquitecto técnico), pero también la administración pública tiene su cuota de responsabilidad con el control de que todos los edificios afectados han realizado el pertinente trámite cuando les corresponde. En este caso, también, la prevención es lo mejor.