El que fuera la mano derecha de Pedro Sánchez en la anterior legislatura y también el gran hacedor de la ley de amnistía con los partidos separatistas para lograr la investidura del socialista el pasado jueves se convierte ahora en una de las piezas clave del nuevo Gobierno de coalición. Félix Bolaños recibe así su recompensa y se convierte en superministro al asumir, además de Presidencia y Relaciones con las Cortes, la cartera de Justicia en plena protesta judicial, un Ministerio del que no es del todo ajeno porque ha estado al frente de las principales negociaciones que afectan a este departamento, como la última tentativa de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la consumada renovación parcial del Tribunal Constitucional (TC).

Bolaños, madrileño de 47 años, llevará uno de los cargos con más peso del Ejecutivo, hasta el punto de que sus competencias son las propias de un vicepresidente político por la acumulación de poder y el rango de las mismas, aunque formalmente no tenga ese puesto.

Llegó al Gobierno en junio de 2018 como secretario general de la Presidencia pero no fue hasta julio de 2021 cuando ocupó dicho Ministerio. Hasta su desembarco en Moncloa, había ejercido como letrado del Banco de España, profesor en el Instituto de Empresa (IE Law School) y abogado del despacho Uría Menéndez.

Como ministro de la Presidencia ha comandado las grandes negociaciones con otros partidos, muchas de las cuales relacionadas con el departamento que ahora abandona Pilar Llop, por lo que podría decirse que ha venido ejerciendo de ministro de Justicia en la sombra.

Así, por ejemplo, aunque Juan Carlos Campo fue el titular que firmó los expedientes de los indultos a los líderes independentistas condenados por el procés, Bolaños también estuvo implicado en la tarea, hasta el punto de que fue uno de los miembros del Gobierno que compareció en la rueda de prensa donde se anunció el perdón.

Tras la salida de Campo, Sánchez designó a Bolaños como interlocutor del popular Esteban González Pons para pactar la renovación del CGPJ y del Constitucional.

En octubre de 2022, estuvo a punto de lograr la renovación del órgano de gobierno de los jueces -que en estos momentos ya lleva casi cinco años con el mandato caducado- pero la noticia de una inminente reforma penal para derogar el delito de sedición y modificar el de malversación hizo saltar por los aires el acuerdo.

También estuvo en la sala de máquinas de la citada reforma penal, que libró de la sedición a los condenados y encausados por el procés pero, tras la revisión que hizo el Supremo, mantuvo a los primeros sentenciados por malversación y desobediencia y a los segundos procesados por ambos delitos o al menos el segundo, manteniendo así viva la causa.

Desde la pata de Memoria Democrática -que ahora llevará el expresidente canario Ángel Víctor Torres en Política Territorial- también asumió importantes competencias que en tiempos de Campo se gestionaban desde la sede de San Bernardo, como el litigio en torno al pazo de Meirás.

Además, formó parte del equipo negociador del PSOE para sacar adelante los acuerdos con Junts y ERC que incluyen una ley de amnistía y que hizo posible un tercer mandato de Sánchez. 

Asimismo, la tramitación parlamentaria y la gestión de esta norma serán sin duda los principales retos de Bolaños en esta nueva etapa como ministro de Justicia.

No solo porque la ley pasará irremediablemente por jueces y tribunales para su aplicación, sino porque las impugnaciones que se esperan llevarán la amnistía al Constitucional y al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Su primera decisión

Precisamente, el recién nombrado ministro de Justicia avanzó a última hora de ayer que se había puesto en contacto con el comisario de Justicia, Didier Reynders, con el propósito de adelantarle la posición del Gobierno sobre la proposición de ley de amnistía.

En este contexto, Bolaños trasmitió al comisario europeo la disposición del Gobierno para facilitarle la próxima semana en Bruselas toda la información que precisen acerca del procedimiento.

Además, en la lista de tareas pendientes continúa la renovación del Poder Judicial, a punto de batir el récord de estar los mismos años con el mandato vigente que caducado hasta sumar una década.

Y también tendrá que ocuparse del conflicto laboral con los funcionarios de Justicia, que permanece latente desde las pasadas elecciones generales pero que sus promotores ya han avanzado que reactivarán para solicitar un aumento de sueldo de hasta 450 euros al mes.