En el 2011 se puso en marcha en Tinajeros (Albacete)una experiencia piloto de vigilancia ante el aluvión de robos que se habían registrado en explotaciones agrarias, con el cobre como principal reclamo para los amantes de lo ajeno. Según recuerda Herminio Molina, secretario de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (Jcrmo), de esta manera se quería poner coto a una situación de inseguridad que llegó a ser «insostenible, con una oleada tremenda de sustracciones no por pequeños rateros, sino por bandas perfectamente organizadas con ojeadores, ejecutores del robo, controladores, y especialistas en la fuga».

Añade Molina que visto lo visto y teniendo en cuenta que la administración competente no tenía medios para cubrir todo el territorio, a iniciativa de la Jcrmo y de la empresa Unión Protección Civil, se ofreció a los agricultores la posibilidad de que por un euro o euro medio por hectárea al mes, contar con este servicio cuyo cometido no es detener sino ver, controlar e identificar cualquier movimiento sospechoso y dar cuenta a la Guardia Civil para que actúe, «pues los agricultores -dice Molina- no somos policías».  

El tiempo transcurrió y los robos pasaron de ser algo habitual a prácticamente desaparecer, por lo que  dos años después, no sólo hay vigilancia privada en Tinajeros, sino que también se ha extendido a otros municipios de la provincia albaceteña como Barrax y La Roda, «de manera que hoy por hoy 10.000 hectáreas de regadío de la provincia, un 10% del total, están bajo esta protección».  De hecho, en lo que va de año únicamente en una finca de Barrax ha habido una sustracción de varios aspersores, pero no así de cables de pivotes -unos artículos que en otros tiempos llegó a representar el 80% de lo que se robaba en las explotaciones agrarias albacetenses-, ni de transformadores, aunque en este caso, indica Molina, es más el daño que ocasionan al agricultor que el dinero que pueden obtener por lo robado y sin perder de vista que, el cobre se está cotizando en el mercado sobre unos seis euros el kilo.

No obstante, en opinión del secretario de la Jcrmo, pese a la actitud disuasoria de esta acción y el trabajo llevado a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad desmantelado redes y chatarrerías clandestinas, esto no va parar hasta que no se cambie el Código Penal y se incrementen las penas de prisión por esos hechos.