Consuelo Cascales, la mujer albacetense de 59 años, que hace ya un mes protagonizaba una huelga de hambre como medida de protesta y presión para que las instituciones se sensibilizaran con su problemática y le pusieran solución sigue sin resolver la injusta situación que sufre, por la deuda que acumula su inquilina y que está pagando ella, a pesar de no contar con los recursos suficientes y encontrarse también como su arrendataria en una situación muy vulnerable.

Cascales recordó que mientras el juzgado que instruye esta causa pidió el pasado 10 de noviembre a los Servicios Sociales municipales que emitieran certificado de vulnerabilidad con respecto a la situación de su inquilina, documento que se emitió seis días después con valoración de exclusión social moderada, el requerimiento presentado por su abogada a dicho juzgado para que a su vez los Servicios Sociales evalúen la vulnerabilidad de Consuelo, provocada por los 10.000 euros que ya le adeuda la arrendataria y por tener que pagar con un único sueldo dos hipotecas (la de la vivienda alquilada y la de su domicilio habitual), además de todos los gastos de suministros eléctricos, sigue sin emitirse. 

«Un mes después sigo sin respuesta de los Servicios Sociales a mi precaria situación», agregó Consuelo Cascales.

Tampoco Alejandra Moyano, letrada de Consuelo, ha recibido la documentación en la que basan los Servicios Sociales el certificado de exclusión social moderado de su inquilina y deudora, petición que trasladó el 23 de noviembre.

Ante esta situación Consuelo se pregunta «cómo es posible que la misma ley dé inmediatez a mi arrendataria y se muestre pasiva conmigo». Impotencia y frustración es lo que siente esta albacetense por la dura realidad que le ha tocado vivir, ya que el retraso en la emisión de su informe le impide tener derecho a ayudas, «y en base a la actual Ley de Vivienda sólo tengo obligaciones como es el hecho de mantener a mi arrendataria gratis en mi vivienda», agregó.

Mientras Moyano pidió al juzgado que lleva este procedimiento una nueva fecha para que se lleve a cabo el desahucio de la inquilina ésta busca una nueva suspensión para poder seguir viviendo en dicha vivienda.

Asegura Consuelo Cascales que está en una situación límite porque «todos los meses tengo que pagar de las dos hipotecas y los recibos unos 800 euros de media». Además, si toma la medicación que le han prescrito para la ansiedad y la depresión que este problema le está generando «no tengo lucidez ni estoy en buenas condiciones para trabajar, y tampoco me puedo coger la baja laboral aunque me la dé mi médico, porque origino un problema gordo a mi empresa en esta época del año, en plena campaña de las fiestas de Navidad, yo soy contable y si me cojo la baja los dejaría tirados».

El estado anímico de Consuelo no mejora. No para de emocionarse y llorar por algo que considera una gran injusticia. «Venir a trabajar para dedicar mi salario a mantener a esta señora que no me paga es demoledor, me supera, no puedo continuar así», concluye.