La aparición del verificador, mediador o acompañante, según las distintas terminologías y eufemismos que se quieran utilizar para designar a la persona que estará vigilante en la conversaciones entre el PSOE y Junts, en las que se abordará las soluciones al conflicto político catalán, causó sorpresa e indignación por tratarse de una figura que es "excepcional" en la política española, como ha reconocido el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Que la primera reunión entre los representantes de los partidos se realizara en Ginebra, donde tienen su sede numerosos centros y organizaciones especializadas en resolución de conflictos bélicos y de derechos humanos tampoco es una buena elección para el Gobierno, porque tiene la simbología de ser lugar de encuentro y de conferencias de paz entre países.

Habrá que esperar hasta el sábado, si se mantiene el principio de discreción en los contactos entre PSOE y Junts, para conocer el nombre del verificador o portavoz de quien realice esta función. Nunca hasta ahora el Gobierno español había aceptado la mediación de ninguna persona u organización para esas labores, ni tan siquiera durante las negociaciones con ETA en las que por parte de la izquierda abertzale se propusieron y realizaron una serie de conferencias internacionales y aparecieron grupos de mediadores como el encabezado por el exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, junto con personalidades irlandesas. Nunca tuvieron el reconocimiento de mediadores por parte del gobierno socialista. Pero para realizar su labor exigieron que ETA renunciara al uso de la violencia.

Quizá ahora ocurra lo mismo y la primera condición que impongan sea que los independentistas catalanes se atengan a la legalidad y renuncien a la celebración de un referéndum de autodeterminación que ni la Constitución española ni las leyes internacionales prevén para un conflicto político de la naturaleza del catalán. "Es bueno qué si dos no se entienden, haya un tercero que verifique y acompañe", ha dicho Sánchez haciendo otra vez de la necesidad virtud, con un llamamiento a que en el futuro no sea necesario un mecanismo de verificación "porque eso significará que hemos creado una confianza", Sin embargo, se está lejos de llegar a ese punto. Las últimas declaraciones del expresidente prófugo de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el sentido de que, si no hay avances en el diálogo para el reconocimiento de Cataluña como nación, podría votar a favor de una moción de censura junto al PP para desahuciar a Sánchez de la Moncloa, dan idea de la utilización del chantaje al que se ha acostumbrado el expresidente de la Generalitat gracias a la importancia de sus escaños. Puigdemont puso una serie de condiciones para que esa posibilidad pudiera concretarse –que el PP abandonase a Vox, y entonces los números no darían- y que Feijóo cambiara su actitud hacia el problema catalán y hacia él mismo. Pero ahí dejó su aviso a navegantes.

Una vez aministiado Puigdemont, como está previsto, el PP tendrá que posicionarse sobre la oferta de Junts, con el que ya entabló conversaciones durante el proceso para la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo y al que se considera un partido cuya "legalidad y tradición no están en duda".  Máxime cuando Feijóo insiste en que no ha sido presidente por no ceder a las exigencias de Puigdemont. Se está ante una situación tan líquida que "los cambios de opinión" pueden darse en cualquier momento y en cualquier dirección.