Para muchos ciudadanos no es preciso acumular demasiada preparación intelectual para entender lo que ha sido considerado correcto desde hace mucho tiempo. Ignorando los términos exactos, no pocas personas saben de sobra dónde se encuentran los límites de lo legítimo. Habrá que aprender un poco más para distinguir qué se considera legal o ilícito. En demasiadas ocasiones, el sentido común y la buena fe delimitan los ribazos que separan lo justo de toda una serie de perversiones utilizadas por los sectarios, empeñados en sacar tajada de cualquier contienda política.
En eso estamos, si revisamos las estrategias asumidas como propias por una banda de menesterosos, que acaparan cotas de poder sin el menor sentido de la decencia. No les importa amasar influencia promulgando disposiciones carentes de legitimidad y sin justificación moral, ética o legal. Sortean lo ilegal amparándose en leyes respaldadas por la matemática parlamentaria, a pesar de contravenir normas pretéritas y expresamente prohibidas por el ordenamiento jurídico vigente. Su osadía y desprecio por lo justo les hace sobrepasar límites enmarcados por la Constitución regateando con eufemismos lo que no son más que atropellos.
violaciones de la ley. A la espera del pronunciamiento de los jueces, no dudan en protagonizar violaciones de la ley por acción u omisión. Lo ilícito puede no parecerlo, si la ideología que respalda el desmadre se confabula con quienes pueden sumar los apoyos precisos. Una patulea de segundones con voto, además de pulsar el botón exigido, aplauden como pinnípedos, obedientes y abducidos por el poder del que les paga y mantiene atiborrándose en los atrojes públicos. Lo saben, pero no tienen reparos en reproducir conductas alejadas de los principios éticos o morales. El arrastrar por el barro valores más importantes deja de tener importancia, si tienen la coartada adecuada para esquivar el ámbito de la naturaleza incorrecta de una infracción. Esas conductas ilegítimas se enaltecen para cimentar un desmadre legal, ilícito e ilegítimo como es una ley orgánica que contradice el espíritu y la normativa de una Constitución que se debe respetar.
Pero como en muchas películas, que rememoran los tiempos más oscuros de cualquier sociedad enferma, lo esencial no es incumplir una ley, sino disponer del respaldo infame de quienes deberían impedirlo o controlar sin tapujos su protección. Los delincuentes de siempre han optado por sobornar policías, fiscales, jueces o quienes disponen de su libertad. La conducta ilegal, ya admitida, no tiene la menor importancia, si los que deben asegurar la retribución correspondiente relajan su responsabilidad para no hacerla efectiva. Si los que deben acusar encuentran resquicios para evitarlo, no faltarán los que escamoteen la legalidad vigente para sacar provecho injusto. Y hemos entrado sin tapujos en la identificación de cada uno de los agentes encargados de hacer cumplir la ley; es por lo que la estrategia es airear quién tiene la responsabilidad para desacreditar su imagen y el legítimo ejercicio de su deber difundiendo sospechas, relaciones y cualquier duda sobre su credibilidad; es más, posicionarlo en la banda ideológica al uso para intentar minar su prestigio profesional y personal.
Desgraciadamente, ese comportamiento deleznable está reconocido en los delincuentes profesionales o despreciables ciudadanos enmarcados en lo más abyecto de una sociedad que se precie, pero nunca se llegó a imaginar el ejercicio perverso de semejantes artimañas nacidas desde el poder, precisamente, de quienes deberían proteger el más pulcro y decente ejercicio de la responsabilidad gubernamental asegurando el respecto por el ordenamiento legal.
Quienes imponen por la vía de hecho determinados abusos legales están superado los límites de la decencia acaparando influencias supranacionales para asegurarse la impunidad. No es preciso prevenir el sentido de los votos, sino controlar el manejo adecuado de los instrumentos que realizan su contabilidad. Sin duda alguna, nuestros detentadores de poder han sorteado los resortes del control con el fin de someter lo legítimo a una legalidad pendiente de control; por eso es imprescindible respaldar con firmeza a quienes tienen como misión evitar los excesos de muchos enemigos del sistema democrático y denunciar sus atropellos ilícitos, amparados por sus sicarios de la palabra, bien adiestrados en la propaganda infecta, y que debemos desenmascarar. No tenemos más remedio que ilegalizar tantas conductas ilegítimas.