El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, explicó en el Pleno de las Cortes regionales que los planes anuales de simplificación han permitido la reducción de 444 trámites administrativos desde 2016 hasta 2023 e informó de que esta medida beneficia a más de un millón de ciudadanos y a 15.000 empresas de Castilla-La Mancha.

Además, el consejero resaltó que ya se pueden iniciar electrónicamente el 97% de los procedimientos de la Administración regional, y que más de la mitad, es decir, unos mil, se pueden «tramitar íntegramente». Subrayó también que la simplificación de procedimientos, junto con la digitalización, es «uno de los pilares» que sustentan el proceso de modernización de los servicios públicos de Castilla-La Mancha, que se está acometiendo con el fin de acercarla a la ciudadanía y de hacerla menos burocrática y más electrónica, dentro del marco normativo.

Ley de simplificación. Tras el debate el PSOE sacó adelante con su mayoría su resolución, que urge al Gobierno regional a enviar «a la mayor brevedad posible» la Ley de Simplificación Administrativa para su tramitación».

Por su parte, el diputado popular Santiago Serrano aseguró que la carga burocrática «lastra la capacidad de crecimiento» y afeó al Gobierno regional que vaya «tarde y mal» respecto a otras comunidades autónomas en esta materia.

Del mismo modo, el portavoz del grupo parlamentario Vox, Iván Sánchez, denunció el «laberinto burocrático» al que se enfrenta la ciudadanía, así como los agricultores y ganaderos, de los que dijo que «tienen que lidiar con trabas interminables» a la hora de solicitar ayudas, de manera que «pasan más tiempo rellenando papeles que labrando en el campo».