Puigdemont es el que manda. Desde Waterloo, donde reside desde que en 2017 se fugó de España en el maletero de un coche para eludir sus responsabilidades judiciales por el procés, hace bailar al Gobierno al ritmo que él marca. Junts decreta y el Gobierno convalida a pesar de que en el caótico pleno del pasado miércoles los decretos del Ejecutivo fueron convalidados por la ausencia, primero, y la abstención, después, de los siete diputados de Junts. Nunca siete votos salieron tan caros.
El Gobierno salvó los muebles, pero a cambio los de Puigdemont se volvieron para Cataluña con un suculento botín. La sonrisa altanera de su portavoz, Míriam Nogueras, dejaba bien a las claras quien había salido victorioso del nuevo envite. Al menos hay que reconocerles que son consecuentes y directos en su mensaje: ellos sólo buscan conseguir cosas para el terruño catalán; lo demás (los demás en definitiva) no importa. Ya lo dijo claramente hace cuatro años la diputada de ERC, Montserrat Bassa, una de las condenadas por el procés. «Me importa un comino la gobernabilidad de España», le espetó entonces al mismísimo Pedro Sánchez, al tiempo que acusaba al PSOE de ser cómplice de las tensiones en Cataluña.
Ahora es lo mismo, pero más fino. Y eso a pesar de que el presidente del Gobierno y sus ministros se afanen, día tras día, en vender las cesiones continuas al independentismo como una oda a la concordia nacional.
Lo cierto es que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha pasado -una vez más- por el aro de Junts. Los de Puigdemont obtuvieron un rosario de nuevas concesiones que darán a Cataluña las competencias integrales en materia de inmigración, la publicación de unas balanzas fiscales que permitirán al independentismo cuantificar lo que califica de «deuda histórica» y modelar a su gusto su manido mensaje de «España nos roba» reforzar el blindaje de la polémica amnistía ante el seguro análisis de su legalidad que deberá pasar ante los ojos fiscalizadores de la Unión Europea. Hubo más, pero estas fueron las más relevantes y también las que generaron una especial polémica.
Especialmente controvertida fue la cesión de una potestad del Estado, como es la política de inmigración, por el alcance que pueda tener.
A las voces críticas de PP y Vox se unieron los sindicatos de Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil que apelaron a la mediación urgente del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por considerar un «despropósito» que Junts consiga las competencias en materia migratoria, alertando de que va contra la Constitución y supone el «desguace del Estado» por el continuo «mercadeo» con partidos independentistas.
«La disgregación interna en España corrompe el espíritu europeo; ceder las competencias de inmigración en Cataluña es un retroceso, no es progresar», enfatizó el sindicato policial SUP han, añadiendo que van a solicitar «amparo» ante la Unión Europea por el «riesgo extremo para nuestras fronteras».
En cualquier caso, todo apunta a que los trofeos que Junts ha conseguido ahora (para más inri podría colgarlos de la misma pared donde tienen el cuadro de las urnas del 1-0 bajo el que humillaron a Santos Cerdán) no serán los últimos. El independentismo es insaciable y la posición preeminente que tiene ahora ha incrementado su tradicional voracidad.
Cerdán, el antes aludido, presumió no hace mucho que los pactos con Junts para llevar de nuevo a Pedro Sánchez a la Moncloa no eran solamente acuerdos de investidura, lo eran también de legislatura. Apenas un mes después, la realidad lo desmiente. En el primer gran examen del mandato de Sánchez, Junts demostró que puede tumbar las iniciativas que quiera y cuando quiera. La dependencia de Sánchez de Puigdemont es total y el fugado lo sabe. ¿Si esto ha pasado con unos decretos de entidad complementaria, qué pasara cuando se negocien los Presupuestos?, se pregunta ahora todo el mundo. La ministra de Hacienda ya suda con solo imaginarlo.