Ya en su Preámbulo, la Constitución Española de 1978 (CE) dispone que su razón de ser consiste en «consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular» encomendada al Parlamento. Lamentablemente esto no siempre es así. Si queremos evitar el deterioro progresivo de nuestro Estado democrático de Derecho hay que ponerse manos a la obra.
Urge reformar la ley electoral para que el voto de todos los españoles valga lo mismo. La reforma complementaria consistiría en convertir al Senado en una cámara de representación territorial. Mezclar la representación personal y territorial es una fuente de problemas.
La segunda tarea consiste en evitar la injerencia del poder ejecutivo. En España el Congreso elige al Gobierno lo que facilita el recorrido de las leyes propuestas por este último. Lo que no se puede tolerar es que tales propuestas se aprueben por una simple votación (sí/no), saltándose los trámites establecidos para cada tipo de leyes. Más grave todavía: el Gobierno se ha acostumbrado a legislar directamente por Decreto-ley, haciendo caso omiso del requisito de «urgente necesidad». 
Por último, pero no menos importante, las cámaras legislativas han de respetar escrupulosamente los límites marcados por sus reglamentos de actuación y los principios constitucionales. Para eso están los letrados de las cámaras y los magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Aquí radica la principal debilidad de nuestro sistema constitucional. Tras asegurarse el control del Congreso y TC, el Gobierno actual está alterando el espíritu de la CE. No, la Constitución sólo puede ser reformada siguiendo los cauces recogidos por ella misma. No hace falta que los explique nadie, están muy claros.