Otro paso más para culminar el Brexit. Los 27 embajadores de los Estados miembro de la Unión Europea dieron ayer su visto bueno a la aplicación provisional, a partir del 1 de enero, del acuerdo alcanzado entre Bruselas y Londres que sienta las bases de la salida del Reino Unido del ‘club comunitario’ y, sobre todo, aprueba el ‘contrato’ comercial y de cooperación que rubricaron la pasada Nochebuena. El pacto, pese a que Europa parecía estar en una mejor posición negociadora, no ha cumplido todas las expectativas y si alguien ha salido beneficiado del mismo es, una vez más, el controvertido Boris Jonshon, que trata de convencer a los diputados británicos más escépticos para que den ‘luz verde’ al acuerdo.
La realidad es que el ‘divorcio’ deja fuera cuotas o aranceles, dando paso a una especie de ‘entente cordiale’ para que los productos del Reino Unido no tengan ayudas estatales y los procedentes de la UE no procedan de terceros países. Este pacto de no agresión permite que cada uno pueda implantar medidas unilaterales de reequilibrio si considera que el otro no ha cumplido con lo acordado, algo que puede generar más de un quebradero de cabeza y que puede convertirse en un problema a medio plazo si no se concreta adecuadamente.
Otro de los posibles encontronazos es el de los viajes y el transporte de mercancías y pasajeros. El fantasma de las imágenes que se han visto estos días de transportistas atrapados en la frontera puede volver a aparecer en cualquier momento. Algunos profesionales ya han advertido que esta situación se podría repetir desde la entrada en vigor del Brexit por la excelsa burocracia que se demanda. Bruselas y Londres aseguran la continuidad de las conexiones, pero Reino Unido podría exigir un visado para aquellos ciudadanos, 210 millones de viajeros al año, que llegan a la isla.
Si la industria de la automoción, sobre todo la auxiliar y de componentes, recibía con los brazos abiertos el pacto y no escondía su «satisfacción» por la salida consensuada que, de no producirse, hubiera conllevado efectos devastadores para el sector, los armadores gallegos renegaban de un acuerdo que perjudica directamente a sus pescadores por las cuotas que se imponen a la hora de faenar en aguas británicas. El punto que ha quedado fuera ha sido el que se refiere a Gibraltar. La UE tiene ahí una patata caliente que afecta de lleno a uno de sus socios y que, en esta ocasión, no debe ser tan flexible a la hora de negociar para garantizar la fluidez en la frontera como se exige desde España. Aún quedan algunos flecos por concretar que pueden generar tensiones.