Cuando en una negociación se impone la desconfianza y existe una multitud de portavoces que hablan para defender las posiciones de su grupo de presión es difícil que se alcance algún tipo de acuerdo y resulta aún más difícil desterrar la impresión de que una de las partes busca excusas para la ruptura de las conversaciones y sobreactúa para lograrlo lo antes posible y volver a las trincheras.
La desconfianza impide que los argumentos de la parte más interesada en lograr el acuerdo sean tenidos en cuenta y más si la sospecha viene acompañada de interpretaciones interesadas de otras partes que consideran van a salir beneficiadas. Así se da lugar a que vuelvan a ponerse en circulación las críticas acerca de que el Gobierno trata de fracturar la unidad nacional, o beneficia a unos territorios a cuyos partidos necesita para sacar adelante sus propuestas.
Todo esto ocurre a cuenta del decreto de ayudas para hacer frente a la guerra arancelaria declarada por Donald Trump a todo el mundo y que ha originado el plan de respuesta del Gobierno para salvar a las empresas de los sectores más afectados por la imposición arancelaria, y a sus trabajadores. Al PP todo lo que no sea incluir todas sus demandas económicas en la iniciativa del Gobierno le parece insuficiente. Si a eso se añade que Junts ha sacado pecho y ha afirmado que el 25% de los 14.100 millones irán para Cataluña, la posibilidad de que el PP no lo respalde en el Congreso aumenta de forma exponencial. Aunque el ministro de Economía, Carlos Cuerpo le ha explicado al negociador económico del PP, Juan Bravo, que eso no es así, -y parece que lo entendió- otros sectores del partido que se oponen a cualquier pacto con Pedro Sánchez prefieren mantenerse en la desconfianza.
Las ayudas previstas en el plan de respuesta a la guerra arancelaria no están territorializadas, sino que van directamente a las empresas de los sectores afectados que las tendrán que reclamar individualmente. Y que las empresas catalanas suponen la cuarta parte de las exportaciones españolas a Estados Unidos, valoradas en uno 18.000 millones de euros, está recogido en las estadísticas de comercio exterior. Muy lejos, por ejemplo, de los 150 millones de euros en los que la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha cifrado que los aranceles repercutirán en las exportaciones de su región.
En el PP no se acaban de creer a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, cuando afirma que no ha pactado un 'cupo arancelario' con Junts y prefieren mantener la distancia y la prevención para tener más fácil volver grupas en función de cuál sea la parte del partido que se imponga en el debate interno, los más duros o los más posibilistas que pretenden que en esta ocasión el PP aparezca como un partido de Estado dispuesto a dar una respuesta de país a la crisis desatada por el presidente estadounidense y alejarse del patrioterismo de Vox. Por el momento prefieren insistir en que se ha pactado la distribución territorial de las ayudas frente a las negativas reiteradas de los ministros del Gobierno. Cierto que otras actuaciones previas del Gobierno no animan a tenerle confianza y que tiene minada su credibilidad, pero es preciso saber distinguir entre las interpretaciones interesadas, como las de Junts, y la literalidad del decreto de respuesta a Trump.