Tras una crisis de entendimiento que parecía dar al traste con el primer y único intento de acercamiento entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, el sentido común se ha impuesto y las relaciones no se han roto, aunque los populares mantengan sus reservas hacia la actitud del Ejecutivo con respecto al real decreto de medidas urgentes, que deberá ser aprobado por el Congreso, para hacer frente a la subida de aranceles decretada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que afectará a la exportación del 80% de las exportaciones de las empresas españolas dirigidas al mercado estadounidense, según el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
El plan de respuesta diseñado por el Gobierno pretende la movilización de 14.100 millones de euros para paliar los efectos de la guerra arancelaria y para proveer de fondos a las empresas que trencen una "red de seguridad" que a corto plazo garantice la supervivencia de empresas y empleos en los sectores afectados, y a medio plazo sirva para la "reconversión e internacionalización" de las empresas españolas para llegar "a nuevos mercados". La oferta de diálogo realizada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y los primeros contactos entre el ministro Carlos Cuerpo, y el responsable de Economía del PP, Juan Bravo, fue respondida por Génova con una carta en la que proponían diez puntos que debieran introducirse en la iniciativa del Gobierno. Finalmente, tras superar la crisis del lunes por la noche, en la que rondó la ruptura entre los equipos negociadores, el Gobierno ha aceptado que el ministro Carlos Cuerpo comparezca trimestralmente en el Congreso para explicar el desarrollo del plan, se coordinará con las comunidades autónomas y se rebajará en un año la moratoria contable para evitar que compañías rescatadas durante la pandemia entren en causa de disolución por culpa de las pérdidas arrastradas desde los años 2020 y 2021.
Está en la naturaleza de la oposición considerar que toda acción del Gobierno resulta insuficiente para resolver los problemas planteados, para los que el PP tiene otras medidas y soluciones y acusar al Ejecutivo de mostrarse poco flexible para negociar. Las quejas tienen sentido, lo mismo que la respuesta oficial cuando lo que se detecta es que el PP pretende incluir entre las peticiones cuestiones que forman parte de su programa electoral y que son un comodín en todas sus demandas, la reducción de impuestos, la disminución de las cargas sociales para las empresas, la aplicación de ayudas directas a los sectores afectados por la subida de aranceles y en este caso la creación de un fondo nacional con la recaudación de aranceles. Además, proponen medidas energéticas que pudieran mejorar la productividad de las empresas, o la renuncia a la paralización de las centrales nucleares previstas en los próximos años, una vez que terminen su vida útil.
Afortunadamente, el PP ha dado una buena acogida a la oferta del ministro Carlos Cuerpo de mantener las negociaciones, y a pesar de no estar dispuestos a dar un cheque en blanco al gobierno de coalición, consideran apropiado que la respuesta al desafío norteamericano sea la de lanzar un mensaje de unidad. El Gobierno sostiene que es necesaria una respuesta de país en la que participen también otros grupos parlamentarios, que ya han comenzado a echar cuentas de lo que recibirán del plan del Gobierno, el primer paso para su aprobación.