Según la ministra Elma Saiz, titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, hoy por hoy no hay ninguna decisión tomada sobre la controvertida disposición de reconvertir el aeropuerto de Ciudad Real en un campo de acogida de inmigrantes; por su parte el alcalde de Ciudad Real afirma que cada vez aparecen nuevas pruebas de que esa posibilidad se baraja como una decisión a tomar por el Gobierno de la nación y que hay motivos para pensar que se puede llevar a efecto. En definitiva, en un aeropuerto por el que apenas si vuelan aviones, sobrevuela el temor de que se transformen unas instalaciones que nacieron bajo el signo de la polémica y que no logra salir del eje del debate a lo largo de su corta historia. A la difusa opinión de la ministra y a la confusa explicación del alcalde se añade ahora la indeterminada respuesta del Ejecutivo regional de García-Page que dice estar dispuesto a sancionar y hasta expropiar a los propietarios del aeropuerto, no olvidemos que es propiedad de una empresa privada, y a los que acusa de haber mantenido contactos con el Gobierno de España para tratar de tan espinoso asunto.
 El que fuera denominado como Aeropuerto Don Quijote en sus inicios sería gestionado sin emplear el sentido común de Sancho Panza. Se invirtieron más de mil millones de euros en su creación pero no levantó vuelo y chocó contra los molinos de la realidad tras apenas un funcionamiento regular durante cuatro años (2008-2012). Hoy, si es de nuevo actualidad no lo es por levantar vuelo, sino por correr el riesgo de convertirse en una inaceptable metamorfosis transformando en campo de concentración lo que un día se soñó como aeropuerto.