España va camino de convertirse en un país balcánico, no porque se vaya a fracturar como quisieran los independentistas, sino porque produce tantas noticias que resulta difícil asimilarlas por la acumulación de asuntos que están sobre la mesa del debate público.  

La ciudad de Madrid es un caos para la movilidad de superficie en el centro de Madrid y en las carreteras de acceso por las marchas de los tractores de los agricultores y ganaderos que protestan por las condiciones en las que realizan su trabajo y las pérdidas que les ocasiona. Sus principales reivindicaciones son que se garantice el fin de las ventas a pérdidas, rebajar la presión burocrática y la reducción de las exigencias para acceder a la Política Agraria Común. Es decir, unos problemas que se han de solucionar bien en Madrid en conjunto con todas las administraciones y el sector de la distribución, bien en Bruselas con acuerdos multilaterales. La consecuencia es que son peticiones que no van a tener una respuesta a corto plazo, que también implica el control y supervisión de las importaciones agrícolas procedentes de Marruecos -un asunto que no tuvo mucha relevancia en el encuentro entre Sánchez y Mohamed VI- y las de grano que llega de Ucrania.

En el Congreso se ha vuelto a asistir a un episodio del "y tú más" con el presidente del Gobierno y el líder de la oposición acusándose mutuamente de mentirosos esta vez a cuenta de lo dicho a lo largo de la campaña electoral gallega, de los resultados y de la ley de amnistía. Feijóo afirma que Sánchez miente en sus acusaciones sobre lo que hace, dice y piensa, y Sánchez le replica que se atreva a manifestar en voz alta lo que dice en privado sobre los indultos y la ley de amnistía.   

Reaparece el fantasma de la corrupción, esta vez desde el lado socialista con la investigación sobre Koldo García Izaguirre, mano derecha del exministro de Fomento, José Luis Ábalos, por cobro de comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia. ¿Tuvo que ver este hecho con el cese de Ábalos?, se pregunta el PP. A esperar respuestas.

El frente judicial y la tramitación de la ley de amnistía mantiene su efervescencia. Mientras sigue sin producirse avances en la renovación del CGPJ, el juez García-Castellón ha respondido al rapapolvo de un órgano judicial suizo que no ve terrorismo en las actuaciones de Tsunami Democràtic, mientras que el grupo de fiscales del Supremo que consideran que si lo hubo han hecho púbico el escrito que solicitó la teniente fiscal del Supremo que ahora tendrá que hacer el informe definitivo. Los fiscales insisten en que Puigdemont es "el líder absoluto" de Tsunami y el expresidente de la Generalitat prófugo replica que son "informaciones delirantes" manipuladas por los servicios policiales.  Entre tanto, el Congreso ha ampliado quince días más el plazo para negociar la ley de amnistía, que ha de servir para lograr la normalización total en Cataluña, pero Junts se resiste, acaba de aprobar que el Parlament catalán tramite una iniciativa ilegal sobre la independencia, y en el Congreso su portavoz, Míriam Nogueras, ha puesto en cuarentena la posibilidad de aprobar los Presupuestos. Un apunte más en el debate sobre el lío interno en el PSOE.

A todo esto, hay que añadir dos cuestiones policiales, las pruebas y contrapruebas que llevaron a la disolución de la unidad OCON-Sur que luchaba contra el narcotráfico en la zona de Barbate, donde fueron asesinados dos guardias civiles, con el acoso del PP al ministro Marlaska, y el asesinato de un desertor ruso asesinado en Villajoyosa, todo apunta qué por un escuadrón de la muerte enviado por el Kremlin, con las implicaciones de todo tipo que tiene ese hecho.