Vemos superado el colmo del desprecio colectivo cuando buena parte de los ciudadanos se ve sometida al vergonzoso comportamiento de algunos políticos, confabulados en la beligerancia social mediante empellones ideológicos, para provocar un generalizado desasosiego, que nos envuelve sin solución de continuidad. Los adeptos a las causas más variopintas persisten en justificar los desmanes propios y vociferar sobreactuando el menor despiste de los oponentes en su lucha partidaria. Insisten sobre la paja del ojo ajeno soslayando la tremenda viga en el suyo. Para unos y otros, cada vez más, la ofensa se multiplica cuando abominamos de los que ordenan diciendo lo contrario de lo que hacen; el peor ejemplo que pudiéramos imaginar.
El paradigma de lo absurdo impera sobre lo que siempre se ha considerado sentido común. La impostura oficial no tiene límite alguno, y nos arrastra hacia una degeneración incontenible. Los más torpes deciden sobre la vida sin el menor recato redactando en el BOE verdaderas atrocidades legales con el beneplácito de bolsillos agradecidos o tragaldabas ansiosos de poder. Ya no se trata de reclamar, tampoco quejarse de actitudes de abuso; una parte destacada de españoles imploran un mínimo de respeto para enderezar este atropello colectivo. Cuando tantos denuncian comportamientos despreciables, de algún modo, demandan una respuesta legal ejemplar, una retribución adecuada, a modo de escarmiento, para hacer ver a los sectarios cómo rectificar.
el campo llora. Y cuando las instancias españolas se agotan, no falta quien implora atención y ejemplaridad a la Unión Europea, que no parece reaccionar, ni se le espera. El campo llora para regar sus bancales, porque una desastrosa política hídrica nos ha llevado al peor de los escenarios. Los que cancelaron el Plan Hidrológico Nacional están perfectamente identificados y alardean de lo que no son, ni tienen, aunque conservan sus cuotas de influencia y poder con total impunidad. Muchos colectivos ruegan a los poderes públicos la atención que deberían merecer, pero los responsables políticos se entretienen en atesorar dinero y prebendas.
Los representantes del pueblo, esos que detentan el poder legislativo en España, dan razones para el desprecio, pues la conducta de una buena parte de ellos es de todo, menos ejemplar. Los hay que están cobrando dietas por vivir en Madrid, aunque ya residían en la ciudad. El coste de bebida y comida en los palacios que ocupan resulta insultante frente a lo que deben afrontar los demás ciudadanos. Sus privilegios sirven para separarlos de una cruda realidad social, que pretenden ignorar en sus poltronas. Y como ellos, además, demasiados enchufados, pelotas y paniaguados, mamando de los recursos públicos y alardeando de composturas poco ejemplares. Una auténtica tropa pavoneándose con descaro, mientras dilapidan medios y recursos públicos sin el menor recato. Regalan dinero a espuertas para amiguetes de aquí o de allá buscando respaldo o reciprocidad. Ofertan injusticias aderezadas con un ideario intransigente de grupos o foros de descerebrados lapidando nuestro modo de ser y querer.
Muchos son los que reclaman atención justa y cabal, que se les niega, mientras observan cómo sus referentes sociales se abarrotan de petulancia. Y la ejemplaridad, según los sabios, se basa en la receptividad, que significa aceptar la crítica con propósito de enmienda, la transparencia, que les obligar a explicar sus decisiones sin mentir, la dignidad, pues no pueden usar la vida pública como fin, sino como medio para conseguir objetivos colectivos, sin manosear a las personas afectadas y ajustando su conducta al bien común, no a intereses particulares; por eso es fundamental el concepto de servicio público, porque muchos de nuestros gobernantes viven de la política olvidándose que deben vivir para la acción política.
Capítulo aparte merece la responsabilidad, que obliga a responder solicitudes ciudadanas, asumir comportamientos ilegales propios o de sus cargos de confianza y tomar decisiones calculando sus consecuencias. Como dicen los sabios de siempre, la ética política debería centrarse en la búsqueda teórica de principios éticos.