Europa ha abierto ahora un debate en el que España le lleva delantera: aumentar la frecuencia con la que los conductores de mayor edad han de renovar el permiso de conducir. El carné, en nuestro país, se renueva cada 10 años pero, al cumplir los 65, el plazo se recorta a la mitad y hay que hacer ese trámite cada cinco (o cada tres en el caso de permisos profesionales de autobuses o camiones). La cuestión polémica se ha orientado hacia otro aspecto:¿se debe poner un límite a la conducción de las personas por cumplir años? «La decisión se debe tomar en función de las condiciones psicofísicas de la persona, no de la edad», defiende la jefa provincial de Tráfico, Cruz Hernando.
«Lo que sí hacemos en la Jefatura, y cada vez se dan más casos, es iniciar expedientes de pérdida de vigencia», explica Hernando, que comenta que «cuando entré como jefa provincial se hacían 3 ó 4 expedientes de este tipo al año, ahora hacemos unos 18 ó 20». La cifra se ha multiplicado por cuatro en poco más de una década.
Varios supuestos. La jefa provincial de Tráfico explica que una modificación de la Ley de Seguridad Social, recogida en un anexo, estipula que «la Seguridad Social tiene la obligación de comunicar a la DGT las incapacidades», porque eso supondría que la persona conductora no esté en sus plenas facultades para seguir llevando un vehículo. Con ello, Tráfico toma la determinación de retirarle, para evitar riesgo y en pro de la seguridad vial, el permiso.
«Ése -expone Hernando- es uno de los inicios de pérdida de vigencia de expedientes de conducción que hacemos nosotros en base a la incapacidad de la persona». La Seguridad Social comunica la incapacidad a Tráfico y éste inicia el expediente de pérdida de vigencia, que es así como se denomina a este procedimiento de retirada del permiso de circulación.
Si en el propio expediente de incapacidad de la Seguridad Social ya refleja explícitamente que ha perdido las condiciones para conducir, directamente se le retira el permiso. Si no lo pone exactamente, y «se le ha dado la incapacidad por otras causas, mandamos el expediente a la Junta de Comunidades, a Sanidad, y ellos valoran si esa persona está capacitada para conducir o no». Ésta es una de las iniciaciones del expediente.
Por una denuncia. Otra de las vías, bastante menos habitual, por la que se inicia un expediente de pérdida de vigencia «es por una denuncia, nunca anónima», aclara Cruz Hernando, de familiares, asistentes sociales, policías locales o guardias civiles. Éstos, por ejemplo, actúan si paran a una persona en carretera, o calle, y ven que puede haber perdido las condiciones psicofísicas, por encontrarla en estado de aturdimiento.
«Nos hacen un escrito explicando los hechos y nosotros iniciamos el expediente de pérdida de vigencia, unas veces con suspensión cautelar del permiso y otras veces no, y se le solicita a la persona denunciada que aporte los documentos que demuestren que no ha perdido las condiciones psicofísicas». Tiene un plazo de dos meses.
Apoyo de Sanidad. Si, a pesar de ello, Tráfico no lo tiene claro, antes de tomar la determinación de retirarle el carné, «remitimos el caso a Sanidad, que incluso nos puede pedir también, para completar el expediente y adoptar una decisión, que le hagamos una prueba de conducción».
En esa situación, o bien se le hace una prueba «en pistas nuestras, en circuito cerrado, e incluso, a veces, en vías abiertas, con el coordinador de Exámenes de la Jefatura», con la que se valoran las condiciones de esa persona para conducir. «Nuestras conclusiones se remiten a Sanidad y, si Sanidad concluye que no tiene condiciones para conducir, nosotros no nos apartamos de esas consideraciones», deja claro la jefa provincial de Tráfico.
Esta vía de inicio de expediente que puede concluir en la retirada de un permiso que garantiza la autonomía para muchas personas es más dificultosa, porque «hay mucha reticencia a denunciar, sobre todo, por parte de los familiares». Menciona, por ejemplo, el caso de una persona que puso en conocimiento de Tráfico que su padre padecía alzhéimer y consideraban que era peligroso que condujera. «Cuando le pedimos que nos hicieran un escrito, para valorar el caso, se negó, por miedo a ser desheredado». Algo que es indispensable, porque -insiste Hernando- «nosotros no podemos actuar si nos llegan casos o escritos anónimos».
Muchísimo menos frecuente, pero también se han topado con la situación contraria. «Una persona que nos comunicó que su padre no estaba en condiciones de conducir y resultó que estaba perfectamente, lo que quería esta persona era el coche y la cochera». Para evitar decisiones injustas, defiende Hernando, «es por lo que se hace todo el estudio de pérdida de vigencia».
Gesto de solidaridad. Y hay quienes renuncian motu proprio. Aquí, en Albacete, se hace una iniciativa pionera. Hay personas que por sí mismas ya no se sienten capacitadas para conducir y toman la decisión, «valiente y responsable» -la califica Hernando- de entregar su permiso de conducción.
«Les hacemos, en un acto en la Subdelegación del Gobierno, un reconocimiento público -explica- y les entregamos una placa, a los tres que llevamos hasta el momento, por su cantidad de años como conductor y por su comportamiento ejemplar. Es un gesto de solidaridad hacia el resto de la sociedad».