La portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Rosa González de la Aleja, ha informado de la moción que el PP va a llevar al próximo Pleno del Ayuntamiento solicitando la derogación del canon medioambiental que el gobierno socialista de la Junta de Castilla-La Mancha pretende aplicar desde el año próximo, y que hará subir el recibo del agua "de modo antisocial y confiscatorio".
La concejala ha recordado que "si bien es cierto que una Directiva europea establece el principio de que 'quien contamina paga', atendiendo a los costes medioambientales en la gestión de los recursos hídricos, no marca una medida concreta para llevarlo a cabo, y no es necesario por tanto dar este sablazo a los ya maltrechos bolsillos de los castellano-manchegos".
González de la Aleja afirma que "han pasado ya 24 años desde que entró en vigor esa Directiva: si el nuevo impuesto que pretende aplicar la Junta fuera obligatorio, llevaría ya más de dos décadas en vigor. Además, a nivel regional ya existe la Ley Reguladora del Ciclo Integral del Agua, que incorporó los cánones de aducción y de depuración".
La moción recoge que hay otros muchos impuestos en vigor, como los cánones que pagan los beneficiarios a las Confederaciones Hidrográficas, los que gravan todos los vertidos al dominio público hidráulico, "y por supuesto, el pago por el uso del servicio por los usuarios, con las tasas locales de abastecimiento y saneamiento o alcantarillado. Ya existen suficientes tributos para poder hacer frente a la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua".
El grupo popular denuncia que "el nuevo impuesto pretende simplemente aumentar la carga fiscal sobre los castellano-manchegos, y todos lo pagaremos con independencia de que el Gobierno regional garantice o no el abastecimiento o la depuración de las aguas".
González de la Aleja ha desglosado que este impuesto tendrá "un coste para la ciudad de 3,3 millones de euros al año, y el Ayuntamiento pagará por su propio consumo más de un millón de euros adicionales. Cada familia pagará en el recibo del agua 96 euros más al año, y otros ejemplos son que a una bodega le costará 200 euros al año, a una óptica 182 euros, a un bar 242 euros, o a una peluquería 232 euros".
El PP niega por tanto que, como pretende el gobierno socialista, el canon de depuración sea una carga fiscal muy pequeña: "El nuevo marco tributario no sólo supone tener que pagar las subidas de los cánones de aducción y de depuración, sino que además establece la obligación de pagar el nuevo impuesto, con una recaudación inicial estimada de más de 38 millones de euros anuales, lo que sumado a las subidas de los cánones ya existentes incrementará la recaudación en más de 76 millones de euros al año. Son más de 33 euros por habitante y año, de los que más de 18 corresponderán al nuevo impuesto, que duplicará lo pagado por habitante y año por estos conceptos".
Además, según la portavoz del PP, "los ayuntamientos tendrán que pagar, no sólo por los consumos municipales, sino también por las pérdidas de agua en las redes, así como los consumos municipales para parques o instalaciones deportivas, debiendo al final repercutirlo en los vecinos".
González de la Aleja añade que "si a una norma claramente confiscatoria, se le añade el actual contexto económico en España y en Castilla-La Mancha, con una inflación descontrolada y elevados precios de la alimentación o la energía, nos encontramos ante una norma antisocial, por lo que estimamos de justicia impulsar de modo inmediato la derogación de canon del agua. Eso es lo que pedimos que reclame el Pleno, de modo que el gobierno de García-Page lo retire del proyecto de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales de la Junta y de cualquier otra norma".
La edil ha concluido recalcando la repercusión social y económica de este nuevo impuesto, "y la importancia además de que presentemos esta moción en el Día Internacional del Agua, una fecha para subrayar la trascendencia del agua para el mantenimiento de los ecosistemas y la necesidad de un uso racional y consciente del mismo".