A pesar de que son los labradores los más nombrados en los medios cuando se habla de la pequeña rebelión que ha protagonizado el sector primario desde finales del mes de enero en la Unión Europea (UE), lo cierto es que la ganadería se encuentra en una situación igual o más crítica que la agricultura. En España las enfermedades, los seguros o los altos costes de producción son algunos de los problemas que tienen que afrontar los profesionales. Y a ellos se ha unido recientemente la nueva normativa de transporte de ganado, que puede hacer mucho daño a las explotaciones de nuestro país debido al clima y a su situación periférica dentro de la UE.

De hecho, 14 organizaciones se han unido para pedir al ministro de Agricultura que España rechace el nuevo Reglamento Europeo relativo al transporte de animales. Anice (industria cárnica), Anprogapor (productores de porcino), Apromar (acuicultura), ASAJA, Aseprhu (productores de huevos), Asoprovac (vacuno de carne), Avianza (avicultura de carne), Cesfac (fabricantes de pienso), COAG, Cooperativas Agro-alimentarias de España, Federovo (sector del huevo), Intercun (cunicultura), UPA y Veteindustria (sanidad y nutrición animal) se han dirigido a Luis Planas para mostrar su preocupación ante los nuevos reglamentos europeos en materia de Bienestar Animal y se han unido para exigir al Gobierno de España que tome medidas al respecto.

Estas organizaciones declaran que el Reglamento Europeo sobre la protección de los animales durante el transporte no defiende el modelo europeo de producción, no contempla ni se basa en los problemas reales de bienestar animal de España y tendrá graves consecuencias para la producción ganadera española. Los firmantes del comunicado dirigido a Agricultura insisten en que el nuevo reglamento no tiene suficiente base científica y no asegura una mejora en el bienestar de los animales durante el transporte respecto de la situación actual. Se evidencia que la propuesta no ha sido lo suficientemente trabajada y que su impacto social, económico y medioambiental no ha sido adecuadamente estimado. Asimismo, sostienen que la solución debe ser trabajar para mejorar la implementación del actual marco legislativo, el más exigente del mundo, lo que permitiría seguir aumentando el bienestar de los animales.

Las exigentes medidas del nuevo reglamento -sostienen estas organizaciones- arriesgarían la sostenibilidad económica de muchas áreas rurales en territorios más desfavorecidos y despoblados, reducirían la diversidad cultural y beneficiarían a los intereses de países que ocupan una posición privilegiada para el comercio de animales, mientras se condenaría a los países periféricos (y a los territorios insulares) a una grave desventaja competitiva, ya que se verían obligados a soportar costes desproporcionados.

«Por todo esto, pedimos enérgicamente que la posición de España ante el Consejo sea la de rechazar la propuesta y exigir su retirada, oponiéndose frontalmente a la misma, por los graves daños que ocasionaría a la producción ganadera española, a la cadena de valor de los alimentos de origen animal, a los ciudadanos (sean productores o consumidores), a la economía y al desarrollo rural de nuestro país, a su cultura gastronómica y al modelo productivo español. Todo el sector estamos unidos ante esta propuesta incoherente», aseguran conjuntamente los portavoces de estas organizaciones.

Malas perspectivas.

España es uno de los principales países productores de la UE y cumplir esta nueva normativa implicaría la disminución de la capacidad productiva y de la competitividad de la producción ganadera y de alimentos de origen animal de nuestro país, mantienen las 14 entidades, que además sostienen que el reglamento no es viable por varias razones. Entre ellas aducen que impide el comercio justo y equilibrado entre los países miembros de la Unión Europea. Por efecto de la limitación de las horas de viaje y de las temperaturas permitidas para el transporte, los ganaderos españoles no podrían recibir animales para su cría de países donde se compran actualmente, ni tampoco exportar genética de alto valor al resto del mundo.

Por otra parte, las obligaciones recogidas en la propuesta conllevan un coste administrativo, burocrático y de personal muy alto y muchas granjas no cuentan con medios para ello. Y lo que es peor, las explotaciones más pequeñas, aquellas que en teoría la UE quiere potenciar, serán las más afectadas. Además, el sector de producción animal español sufre una clara discriminación por su situación geográfica y condicionantes naturales. Con el plan que hay sobre la mesa, «las temperaturas y la diversidad geográfica de nuestro país nos condicionan y esta propuesta supone un agravio comparativo respecto a otras regiones europeas dadas las temperaturas medias de España», lamentan.

Otro aspecto a tener en cuenta es el trabajo nocturno. Las dificultades para transportar animales durante el día en períodos largos del año obligará a los trabajadores del sector ganadero y actividades conexas a trabajar más horas durante la noche. Esto implicaría que la producción animal tendría un coste mayor, más riesgos laborales, mayores dificultades para conciliar y un mayor riesgo para la seguridad vial, entre otros.

Las organizaciones destacan también que si esta propuesta progresa, la capacidad exportadora de España se vería gravemente reducida. El impacto no afectaría únicamente a los ganaderos, sino también a la cadena alimentaria que depende de los productos de origen animal (industrias de transformación y despiece, principalmente, pero también a las fábricas de piensos y de insumos necesarios para la producción animal y de sus productos transformados, y a los transportistas de animales y sus productos).

Por último, quieren dejar patente que si se aprobara el texto, el consumidor pagaría los incrementos de coste de producción de los productos de la cesta básica. Sería más caro consumir carne, huevos o pescado, lo que afectaría especialmente a las personas con rentas más bajas.

Más problemas.

Pero el nuevo reglamento sobre el transporte no es el único problema que tienen que afrontar los ganaderos. Desde ASAJA Castilla-La Mancha han advertido de la «dramática» situación. «La ganadería extensiva e intensiva de nuestro país merece un respeto, una dedicación y un gran apoyo», ha asegurado el presidente regional de la organización agraria, José María Fresneda. Según ha apuntado, «un ganadero no puede vivir con miedo siempre».

Fresneda ha denunciado que la apuesta que hay ahora mismo en el Gobierno y en las comunidades autónomas por mantener el sector ganadero es «insuficiente» comparada con otros países de la Unión Europea que tienen los mismos reglamentos comunitarios. De su lado, la responsable regional de Ganadería en la organización agraria ha avisado de que la situación de la ganadería ahora mismo es muy «dramática» por muchos motivos y ha afirmado que «hay un montón de gente que está bastante disgustada» con el acuerdo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre las 43 medidas de apoyo al sector agrario español, que ASAJA no ha firmado, porque en ellas «la ganadería es la gran olvidada».

Es por ello que desde ASAJA -ha dicho Tapia-, necesitan dar «un golpecillo encima de la mesa» y poner sobre la mesa sus preocupaciones como, por ejemplo, «el problema sanitario», algo que para la organización agraria «crea una gran inseguridad» al sector. En este aspecto, Tapia ha reclamado un interlocutor fuerte ante el Ministerio «para que diga clarísimo que necesitamos tener controlados los puestos y las entradas fronterizas para que no entren enfermedades o vectores nuevos en nuestras cabañas ganaderas». También ha pedido «cambios de giro en campañas de saneamiento o en campañas sanitarias que no funcionan, y el caso de la tuberculosis es muy hiriente en Castilla-La Mancha», ha agregado.

Asimismo, ha pedido una vacuna contra la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) «lo antes posible» porque ante esta enfermedad el sector ganadero se ha sentido «solísimo». El Gobierno, ante una pregunta formulada en el Congreso de los Diputados, ha dado a conocer que la siguiente actualización sobre la enfermedad se hará a partir de mediados de este mes, coincidiendo con un nuevo comienzo del periodo de actividad del vector. Y es que los expertos, después de un invierno con abundantes precipitaciones y dadas las temperaturas altas que se están registrando, esperan un inminente repunte de esta enfermedad.

Los seguros han sido otra de las cuestiones en las que la responsable de Ganadería se ha detenido. De este modo, ha pedido que las enfermedades de declaración obligatoria queden cubiertas. «Eso estamos empezando a trabajarlo y a trabajarlo fuerte también en Madrid, pero necesitamos una postura fuerte de nuestra comunidad autónoma para que también vaya al Ministerio reclamándolo».

Por su parte, UPA, como no podía ser de otra manera, ha defendido los efectos «directos y positivos» en la ganadería del acuerdo que firmaron el pasado 3 de abril, justo antes que Unión de Uniones, con el Ministerio de Agricultura. Fruto del acuerdo -sostienen-, se ha pospuesto la entrada en vigor de normativas que estaban en preparación y que causaban inquietud a los ganaderos y ganaderas, y sobre las que UPA estaba trabajando para lograr su retirada. Una de ellas es la referida al veterinario de explotación, sobre la que la organización de ganaderos se había mostrado en contra por comportar más burocracia y gasto para la explotación, sin mejorar la seguridad sanitaria. De momento la figura queda aplazada un año, aunque UPA pedirá la retirada definitiva. «El sector está haciendo las cosas bien», asegura el secretario de Ganadería de UPA, Román Santalla. «Las explotaciones ya contamos con veterinarios suficientes con los que trabajamos mano a mano para mantener la salud de nuestros animales», recalca.

Otro de los aspectos que contempla el acuerdo es la negociación del llamado Plan Sanitario Integral. Esta normativa implicaba que todas las explotaciones españolas deben tener un plan integral que contemple aspectos como la sanidad, la alimentación o el bienestar animal. UPA reclama que este plan sea asumible por todas las granjas en términos de burocracia, costes… para no dejar fuera a las explotaciones familiares.

La identificación electrónica del ganado es otro de los asuntos que se posponen y se abren a la negociación. UPA cree que esta es una nueva exigencia tecnológica que genera dudas en el sector, sobre sus costes y su procedimiento. De momento se pospone un año para analizar el impacto de esta medida, periodo en el que UPA trabajará para adaptar estas exigencias a la realidad de las granjas, explican desde la organización.

Otro de las cuestiones más relevantes para los profesionales del sector es el saneamiento ganadero. A este respecto, UPA insiste en abrir una mesa nacional para seguir avanzando en la lucha y erradicación de enfermedades que son objeto de saneamiento. Las claves son mejorar la coordinación entre el Ministerio y las comunidades autónomas y sobre todo, como pide UPA desde hace años, establecer unos baremos de indemnizaciones que cubran las pérdidas causadas como consecuencia del saneamiento ganadero.

¿Afectará a la actividad cinegética la normativa de transporte?

La montería es una modalidad de caza originaria de España, tradicional y muy arraigada (de hecho, Extremadura la declaró Bien de Interés Cultural hace dos años). Para practicarla son necesarias las rehalas, grupos de unos 20 perros que, obviamente, han de ser transportadas hasta los montes donde se caza y luego de vuelta a las instalaciones en las que se les cuida y mantiene. Pero no es raro, sobre todo en el sur de España, que se superen los 30 grados, sobre todo en el viaje de vuelta que se realiza por la tarde, algo que con la nueva normativa quedaría prohibido.

La Asociación de Rehalas Regionales Españolas Caza y Libertad (Arrecal) está trabajando para que se modifique el reglamento europeo, ya que consideran que afecta a la caza y ponen en peligro el futuro de la rehala. En palabras de su presidente, Felipe Vegue, esta normativa se redacta «sin tener en cuenta las particularidades de la rehala, lo que hace que muchas de las cuestiones planteadas sean difícilmente asumibles, tanto desde el punto de vista logístico como económico». Por este motivo, ante el estado de «preocupación máxima» del sector cinegético, el equipo técnico y jurídico de la asociación rehalera ya se ha puesto en contacto con las autoridades competentes a nivel nacional para que trasladen a Bruselas su negativa a la publicación de los reglamentos en los términos propuestos por la Unión Europea.