La decisión del magistrado instructor. Ángel Hurtado, de llamar a declarar como imputado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un posible delito de revelación de secretos a cuenta del fraude fiscal reconocido por el abogado de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, ha puesto de acuerdo a los detractores y defensores del jefe del ministerio público en que su imputación supone un ataque al Estado de Derecho, por supuesto por motivos distintos y contradictorios. Para los primeros, con la presidenta de Madrid a la cabeza, porque se considera objeto de una persecución con utilización de los poderes del Estado, además de que se han vulnerado los derechos de un ciudadano. Para los defensores del fiscal general el riesgo procede de que se criminaliza y perpetra un ataque directo a una institución fundamental del Estado.
La misma polémica se ha desatado acerca de si García Ortiz debiera dimitir ya o permanecer en su puesto hasta que se celebre el juicio oral. Los detractores consideran que la dimisión tendría que haberse producido hace mucho tiempo al estar investigado el defensor de la legalidad y poner en riesgo el prestigio de la institución. Su defensa sin embargo, apunta a que la supuesta revelación de secreto se había producido antes de que comenzara a reunir datos para desmentir el bulo puesto en marcha por el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez (MAR), y porque los indicios 'apuntalados' por los informes de la UCO a los que apela el juez instructor no se han concretado en que García Ortiz diera las órdenes para publicar datos privados de un presunto delincuente que aún no ha comparecido en sede judicial, pese a que su caso lleva casi un año pendiente de resolución.
Las prisas del fiscal general por conocer la secuencia de correos electrónicos relacionados con el caso para desmentir el bulo de MAR, le sugieren al juez un elevado grado de verosimilitud en que tuvo una relevante participación en la filtración de datos personales de González Amador, que se supone que concretará en el momento en el que decrete la apertura del juicio oral, si se llega a ese punto. Circunstancia que es muy previsible a pesar de que su instrucción despierta tan fervientes apoyos como críticas por tratarse de una investigación con aspectos estrambóticos, a juicio de muchos expertos.
Sin ánimo corporativista resulta sorprendente que el juez haya desechado la declaración de los periodistas que manifestaron contar con el email objeto de investigación antes que García Ortiz por no aportar "datos objetivos" -el secreto profesional no parece relevante-, y sin embargo otorga credibilidad a la declaración de Miguel Ángel Rodríguez, que testificó que desconocía el email del abogado de Alberto González Amador en que ofrecía el pacto de conformidad a la fiscalía para no ir a prisión, y que dijo que era de su cosecha la afirmación de que el pacto se había frustrado por instrucciones "de arriba".
Desde un punto de vista judicial tampoco viene a cuento señalar que una copia del correo del abogado del novio de Ayuso saliera de la Fiscalía General del Estado con "destino" a la Presidencia del Gobierno, y que La Moncloa tratara de hacer uso político de él, porque esas circunstancias no es objeto de la investigación penal sino un lance político, poco afortunado, dado que la supuesta revelación de secretos ya estaba hecha.