Casi todos los veranos, con el inicio de las grandes campañas de recolección, la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social desarticulan una o varias redes de explotación de trabajadores en el campo. Y este año no iba a ser menos, aunque con sus matices.

El pasado miércoles, la Guardia Civil daba cuenta de la operación Bomvoyage que se saldó con 13 personas detenidas, seis investigadas y la recolocación de 300 trabajadores senegaleses y marroquís que vivían y trabajaban en condiciones pésimas en una finca situada en el término de Hellín.

Pero hay un detalle que se sale del guión. Los trabajadores vinieron a Albacete a través del programa de Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen (Gecco), un mecanismo que se creó hace  35 años, justo para evitar que se den situaciones como ésta. 

La pregunta es, por tanto, pertinente: ¿qué ha fallado?. «No ha fallado, al contrario, los controles del programa, que son más rigurosos, nos han permitido detectar el problema y atajarlo antes de que fuese a más», afirma Miguel Juan Espinosa, el subdelegado del Gobierno en la provincia.

Espinosa da varios datos para entender qué pudo pasar. Por término medio, cada año vienen a Albacete unos 200-300 extranjeros a trabajar en el campo a través del programa Gecco. Pero este año, y sólo durante el primer trimestre, la cifra se duplicó, pasó de golpe de los 300 habituales a 600.

Otro cambio respecto a años anteriores tiene que ver con la procedencia. Los empresarios agrícolas que se acogen a este programa suelen contratar trabajadores que proceden del este de Europa. Este año, también los había del norte de África y del África Subsahariana.

El presidente de Asaja Albacete, Jorge Navarro, señala que «nuestra organización agraria se acogió varios años al programa de contratación en origen, trajimos personal de Polonia para trabajar en la vendimia, si no recuerdo mal, y dio bastante buen resultado».

Alta exigencia. Lo que sí destaca Navarro es que el programa «es muy exigente, por eso no entiendo que alguien intente trampear, el recuerdo que tenemos en Asaja del programa Gecco es el de un nivel de control y de requerimientos que está muy encima de la media».

Desde el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) en Albacete, su secretario de Políticas Sociales, Juan Zamora, también defiende la validez del programa, pero desde una visión más crítica, porque a su juicio para que funcione «como puede y debe» hay varios puntos que se deben vigilar.

«El programa está bien diseñado, pero hace falta una supervisión constante, porque el empresario se debe responsabilizar del cumplimiento de los contratos, de las condiciones laborales y de vida, del alojamiento, todo eso se debe controlar», remarca.

Y, en el caso concreto de Hellín, «falló el control a posteriori, entre los afectados descubrimos a personas que llevaban ya dos temporadas en unas condiciones pésimas», algo que, sobre el papel, no tiene cabida dentro de un programa como Gecco, «al menos, no a los niveles que se han visto en este último caso». 

Recolocación. Otro problema que se puso de manifiesto con este último caso son las dificultades que hay para reasignar a un grupo grande de trabajadores, unos 300 en este caso, lo que requirió la colaboración de fuerzas policiales, administraciones y del sindicato CCOO.

Según la Subdelegación del Gobierno en Albacete, los trabajadores perjudicados por esta trama desarticulada en Hellín ahora se reparten por varias provincias, no sólo Albacete, también Murcia, Huelva, Segovia y Ávila. 

Desde CCOO, Zamora reconoce que «nos hemos tenido que emplear todos a fondo, porque en la provincia hay ayuntamientos que lo hacen bien, como Barrax o Balazote, pero aún hay muchas carencias y competencias entrecruzadas a la hora de alojar inmigrantes».

Una última precisión que hace el sindicalista es que «estos problemas son muy visibles en el sector agrario porque salen a la luz con alguna operación grande, pero no nos engañemos, en otros sectores como el trabajo doméstico también se dan, sólo que no se ven».