Ante la que, según las declaraciones de los distintos responsables políticos, supone la última fase de negociación del acuerdo Unión Europea-Mercosur (organización formada por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela -suspendida-; más los asociados Bolivia -en proceso de adhesión-, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam), relativa al anexo con medidas medioambientales -entre ellas agrarias-, Unión de Uniones ha reclamado a los negociadores europeos altura de miras y coherencia con la política ambiental europea. La organización destaca que, al parecer, el objetivo de las partes sería concluir las negociaciones antes de finales de año. En concreto, lo que puede estar sobre la mesa es el Instrumento Conjunto adicional sobre sostenibilidad.
La organización agraria considera que este anexo es importante y debería estar acompañado de un régimen sancionador por incumplimientos para poder frenar la competencia desleal de los productos importados, de la que la Comisión Europea sería cómplice si renuncia a ello. Unión de Uniones critica que, a pesar de su enorme trascendencia, este instrumento sobre la sostenibilidad está siendo negociado de manera opaca hacia los productores, que serían los grandes perdedores del acuerdo. Hasta el momento no hay indicios sobre hasta qué punto recoge las verdaderas exigencias de reciprocidad y los objetivos e indicadores vinculantes desde el punto de vista climático, ambiental, laboral y social, de bienestar animal, de uso de antibióticos y medicamentos, de fitosanitarios, etc.
Asimismo, ante este documento, los países de Mercosur estarían demostrando su disconformidad amenazando, incluso, con retirarse del acuerdo, según Unión de Uniones, por lo que la organización teme que los negociadores europeos, respondiendo a estas presiones, acaben por rebajar sus exigencias medioambientales y que se queden solo en cuestiones estéticas.
A nivel ambiental, en relación a la salud pública, la organización ya se hizo eco de las desigualdades entre las exigencias a los productores de las dos diferentes partes del acuerdo, siendo mucho más permisivos los países de Mercosur. Así, de un total de 508 sustancias fitosanitarias revisadas por EHN.org, el 44% de ellas estaban prohibidas o en proceso de estarlo en la UE, mientras que en Brasil solo lo estaban el 14%; diferencia que se incrementaría sustancialmente con el objetivo de reducción de fitosanitarios y sustancias activas de la estrategia comunitaria 'De la Granja a la Mesa'.
Cláusulas espejo.
Unión de Uniones señala que la agricultura europea cada vez se aleja más de las condiciones de competitividad del resto de agriculturas del mundo debido a que las autoridades comunitarias exigen cada vez unos estándares cada vez más altos en todos los aspectos de la producción y, por ende, en sus costes (reglamento de fitosanitarios, ley de restauración de la naturaleza, revisión de la legislación en materia de bienestar animal y un largo etcétera de normativas ya aprobadas).
«Asegurar una coherencia entre lo que se exige para producir aquí y lo que se exige para producir los alimentos que importamos es fundamental para no favorecer la competencia desleal», afirman desde la organización agraria. «El sector primario europeo sólo puede aceptar un acuerdo que contemple unas cláusulas espejo que nos sitúen a todos en igualdad de condiciones»", concluyen.
A este respecto, el Ministro de Agricultura, Luis Planas hacía referencia esta misma semana en la feria Fruit Atraction a la necesidad de competir en «igualdad de condiciones», en importaciones hortícolas provenientes de terceros países. En ese sentido, el ministro valoró los pasos dados para ir «sensibilizando» a las instituciones comunitarias sobre la necesidad de aprobar las cláusulas espejo para los productos alimentarios.
La igualdad de condiciones frente a las importaciones de fuera de la UE es una petición que el sector viene expresando desde hace ya años. Las organizaciones agrarias no reniegan de las exigencias que se les imponen desde Bruselas, pero lamentan que no se haga lo mismo con los productos que llegan de fuera. Esta desigualdad da lugar a una situación de indefensión para los agricultores y ganaderos, que ven cómo sus costes se incrementan al cumplir los requerimientos comunitarios mientras que otros países pueden cultivar o criar lo mismo con muchos menos gastos y más productividad, por lo que esos alimentos llegan al mercado europeo con unos precios mucho más bajos que, irremediablemente, condicionan al consumidor a la hora de comprar.
Quejas de ASAJA.
El presidente de ASAJA, Pedro Barato, expresó la semana pasada su preocupación por «los recortes» de la nueva Política Agraria Común (PAC) de la UE y, en la misma línea en la que se expresa Unión de Uniones respecto al acuerdo con Mercosur, reclamó que «el campo español debe tener el mismo trato que reciben terceros países». Barato expresó su preocupación por «la nefasta Reforma de la PAC impuesta por el ministro Planas, desenfocada y fuera de la realidad, que exige más con menos recursos, que ha incrementado la burocracia de forma brutal y exige nuevas obligaciones sin rigor científico que conllevan mayores costes y menores producciones». Y quiso subrayar «la situación de indefensión que padecen los agricultores y ganaderos ante las políticas que se están llevado a cabo desde Bruselas», junto a «la desidia y entrega a ciertos lobbies que actúan contra el mundo rural». El responsable de ASAJA demandó un cambio en los planteamientos comunitarios que permita «proteger el tejido productivo, así como la soberanía alimentaria del conjunto de la ciudadanía», e indicó que «el campo español debe tener el mismo trato que reciben terceros países». Por último, denunció que se está produciendo «una llegada de productos que viene, además, acompañada de sucesivas alertas sanitarias, encontrándose ya en el canal de comercialización alimentos que no cumplen las normas de seguridad europeas y que son consumidos inevitablemente por la población debido a unos sistemas de control deficitarios».