La Guardia Civil investiga a cuatro empleados de una empresa transportista, entre ellos el administrador, por ofertar servicios a clínicas y centros de tatuaje sin la preceptiva autorización para gestionar residuos biosanitarios. A los arrestados se les han instruido diligencias como presuntos autores de los delitos de falsedad documental y estafa, según informan fuentes de la Benemérita en un comunicado.
Durante la operación, denominada Fake Manager, los guardias civiles han inmovilizado más de 6.000 kilogramos de residuos biosanitarios cortantes y punzantes y han constatado que la empresa ofertaba servicios a clínicas y centros de tatuaje sin la preceptiva autorización para gestionar este tipo de residuos.
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Benemérita inició la investigación cuando un gestor de residuos peligrosos denunció una incidencia relacionada con la recogida y tratamiento de residuos. Según la denuncia, un responsable de una clínica dental había solicitado a la empresa gestora de residuos un justificante para acreditar que sus residuos peligrosos habían tenido entrada en su centro de gestión. Al parecer, estos residuos habían sido recogidos de su centro de trabajo por una mercantil transportista de residuos, con la que se comprobó que no tenía vínculo comercial, por lo que no pudo emitir los documentos de control y seguimiento (DCS) solicitados, los cuales, al parecer, estaban siendo falsificados en el apartado de gestor final, con las consiguientes pérdidas económicas y de credibilidad en el sector.
Los investigadores del Seprona ubicaron una sede de la empresa transportista de residuos en el municipio de Lorquí, en una parcela vallada donde se llevó a cabo una inspección y se hallaron más de 6.000 kilogramos de utensilios de las clínicas veterinarias, dentales y centros de tatuajes, que quedaron inmovilizados y puestos a disposición de las autoridades. Los guardias civiles que han dirigido la investigación han verificado, hasta el momento, una treintena de clínicas afectadas por estas supuestas actividades ilícitas, aunque se estima que el número de empresas perjudicadas supere el centenar, entre la Región de Murcia y las provincias limítrofes de Albacete y Alicante. Los investigados se enfrentan a las penas previstas para el delito de falsedad documental en documentos público, por parte de particulares de seis meses a tres años de prisión y multa de seis a doce meses.