La nueva Instrucción Técnica Complementaria de ascensores, publicada por el Ministerio de Industria en abril y que entrará en vigor el 1 de julio, ha motivado numerosas dudas en las comunidades de propietarios, debido a las numerosas medidas de seguridad y otras materias que hará ya obligatorias en cumplimiento de una directiva europea.
Así lo explicaba el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Albacete y Cuenca, Antonio Fuentes, quien señaló que «son semanas en las que, además de recibir muchas consultas sobre el tema, estamos aprovechando para formarnos también nosotros, porque esta modificación a la normativa afecta a algo básico para las comunidades como es el ascensor y esa formación es básica para poder explicarle a los vecinos lo que nos espera».
Lo primero que quiso aclarar Fuentes, como ya han indicado a los vecinos, es que no habrá que hacer las adaptaciones de forma inmediata, sino que las comunidades «tendrán que aplicarlas cuando el ascensor haya pasado la inspección obligatoria, que se realiza cada cuatro años y cuyo informe determinará lo que debe modificar la comunidad». Por tanto, los edificios en los que la hayan pasado en junio aún podrán esperar casi cuatro años, mientras que otros tendrán que comenzar ya este verano con los cambios para adecuar la instalación a la normativa.
En cuanto al alcance de la modificación, el representante de los administradores explicó que, dada la magnitud de los cambios y «por lo que nos dicen las compañías de ascensores, puede afectar aproximadamente a dos de cada tres ascensores». En cualquier caso, puntualizó que los trabajos significativos y de mayor coste se reducirían a los elevadores más antiguos, algo menos de un 30% del total de los aproximadamente 8.000 existentes en la provincia, tras un crecimiento notable en los últimos años merced a los programas de ayudas para obras de accesibilidad.
«Vamos calmando un poco a los vecinos cuando tenemos las reuniones», proseguía Fuentes, incidiendo en que serán minoría las comunidades que tendrán que hacer frente a desembolsos considerables. Sobre estos, explicaba que «los precios pueden ir desde unos 500 o 600 euros de una cortinilla fotoeléctrica a una cantidad más elevada, que puede acercarse a los 10.000 euros, si hay que sustituir cuadros de maniobras o motor». «Dependerá de la antigüedad y las características de cada ascensor», añadía.
Las condiciones de seguridad ocupan buena parte del nuevo texto, pero Fuentes recordó que abarca también otros aspectos como la frecuencia de inspecciones; los requisitos para instalaciones nuevas, «a las que habrá que hacer una inspección obligatoria tres meses antes de la puesta en marcha sin la que no podrá empezar a funcionar», o las sanciones por incumplimientos, ya que «a partir de ahora los defectos leves, con los que se era algo más permisivo, deberán solventarse en un plazo de seis meses y si no se hace, puede acarrear una sanción o que se pare el ascensor».
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