El mapa de un mes de amnistía

Agencias-SPC
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Tras su 'bendición' por el Congreso, el polémico perdón al procés independentista pone sobre la mesa escenarios dispares y mantiene aún muchos cabos sueltos pendientes de solución con la Justicia

Imagen de archivo de Carles Puigdemont - Foto: Gloria Sánchez / Europa Press

Rechazada de plano para Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, aplicada con celeridad a policías y manifestantes o cuestionada ante la Justicia europea y el Constitucional, la respuesta de los tribunales a la amnistía ha abierto escenarios dispares, después de más de 30 días desde de su entrada en vigor. Así están las principales causas susceptibles de beneficiarse de la norma, transcurrido el primero de los dos meses de plazo que la ley establece para aplicarla. 
 

Puigdemont, Rovira y los exconsellers Comín y Puig

Hasta la fecha, el caso más mediático y el que forzó diversas modificaciones a la ley está fuera de la amnistía. El juez del Supremo Pablo Llarena rechazó perdonar el delito de malversación que atribuye a Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Lluis Puig. Además, acordó mantener vigentes las órdenes nacionales de detención que pesan contra ellos, no así a Marta Rovira, que ya ha vuelto a España sin ser detenida. En todo caso, la Fiscalía lo ha recurrido y es previsible que el caso termine en el Constitucional.

 

Los condenados por el juicio del 1-O

La Sala de lo Penal tampoco aplica el polémico perdón al procés a los condenados a penas de inhabilitación por el 1-O, que son el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers Raul Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, al dejar fuera la malversación, una decisión que ya ha impugnado la Fiscalía. Además, la Sala acordó promover una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional respecto del delito de desobediencia, algo que también estudia el juez Llarena en su causa.
Igual que el caso que afecta a Puigdemont, lo que impide amnistiar a los líderes del procés son las dudas sobre el delito de malversación, que el Supremo considera queda excluido de la ley porque el uso de fondos para la ruptura unilateral puso en riesgo finanzas de la UE y comportó un enriquecimiento personal: «hicieron con el patrimonio ajeno que les estaba confiado lo que no pudieron o no quisieron hacer con el suyo», señala el Alto Tribunal.
 

La causa sobre la injerencia rusa

Con la ley de amnistía ya en vigor, el juez de Barcelona Joaquín Aguirre abrió una pieza separada para seguir indagando sobre la supuesta injerencia rusa en el procés, después de que la Audiencia de Barcelona le ordenara zanjar la investigación al anularle las últimas prórrogas de la causa. El magistrado Aguirre, encargado del caso Volhov, que ve delitos de traición, malversación y organización criminal en la causa, ha descartado amnistiarla al entender que las supuestas conexiones en Rusia para el procés supusieron una grave amenaza para la integridad territorial de España -una de las exclusiones previstas en la ley-, por lo que ha enviado al Supremo el caso, que implica a los expresidentes catalanes Puigdemont y Artur Mas.

 

Los artífices del 1-O, a la espera

Los cargos de ERC Josep María Jové y Lluís Salvadó, artífices de la organización del 1-O, tendrán que esperar a la decisión sobre su amnistía si el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) eleva la norma de perdón a la justicia europea o al Constitucional, ante las dudas sobre su encaje penal.
De entrada, el tribunal catalán considera amnistiables los delitos de prevaricación, desobediencia y malversación por los que se encuentran a la espera de juicio -programado para el próximo mes de octubre-, al descartar que obtuvieran beneficio patrimonial con el desvío de fondos para financiar el 1-O.
Sin embargo, la sala no les ha aplicado la amnistía por el momento y, tras consultar a las partes, decidirá si lleva la ley al Constitucional o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Ello podría demorar la resolución durante meses e incluso años.

 

Buch y el escolta de Puigdemont

Era uno de los casos que podía generar más interrogantes y acabó siendo el primero en amnistiarse en España: el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en contra del criterio de la Fiscalía, perdonó al exconseller de Interior, Miquel Buch (foto derecha), y al exsargento de los Mossos Lluís Escola, que ayudó a huir al expresidente Puigdemont a Bélgica.
Pese a que Escola cobró un sueldo público de 52.717 euros durante los 224 días que fue asesor de Buch -para seguir haciendo labores de protección a Puigdemont fuera de España-, el TSJC concluyó que ambos casos eran amnistiables porque la ley perdona la malversación si los fondos tuvieron como finalidad el procés. De hecho, el abogado de Puigdemont ya ha invocado esta sentencia del TSJC -que la Fiscalía Superior de Cataluña quiso recurrir, aunque sus superiores jerárquicos se lo impidieron-, en su escrito para que el Supremo cambie el criterio del juez Llarena y le amnistíe la malversación por el 1-O.

 

El terrorismo de los CDR, a Europa

Aquí el escenario apunta a Europa, porque la Audiencia Nacional ya preguntó a las partes si procede presentar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE acerca de la ley que concede impunidad al procés ante las «serias» dudas de que esta norma pueda contravenir «gravemente» el derecho comunitario. Hay 12 procesados por terrorismo.

 

Los manifestantes

Junto al exconseller Buch, fueron varios los manifestantes acusados de altercados en las protestas contra la sentencia del procés los primeros en beneficiarse de la amnistía el pasado 25 de junio, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acordó aplicar el polémico borrado de los delitos para una decena de activistas. 
Otros manifestantes también encausados por disturbios trataron de buscar amparo bajo este paraguas: es el caso de un condenado por lanzar una botella a los Mossos en un macrobotellón, cuyo perdón rechazó la Justicia, o el de varios activistas imputados por los disturbios en las protestas a favor del rapero Pablo Hàsel, que adujeron ser independentistas.
 

También policías y Mossos

En paralelo a los condenados por los disturbios, un juez también amnistió a los 46 agentes de la Policía Nacional  a los que investigaba por las cargas del 1-O en Barcelona, al concluir que su actuación no superó el «umbral de gravedad» que fija la legislación como motivo de exclusión. El mismo argumento empleó la Audiencia de Barcelona para perdonar a cuatro mossos acusados de agredir a manifestantes en la oleada de protestas contra la sentencia que castigó a los líderes separatistas.
La Audiencia de Barcelona aún debe decidir si exonera de toda culpa a los cuatro escopeteros de la Policía denunciados por reventar un ojo a Roger Español con una pelota de goma el 1-O en la Ciudad Condal, un caso que podría quedar fuera de la ley porque excluye expresamente los delitos de lesiones que hayan provocado pérdida de un órgano vital.