La presidenta del Cermi en Castilla-La Mancha, Cristina Gómez Palomo, ha presentado el balance del año pasado y ha puesto sobre la mesa los objetivos y prioridades para el 2024 en un encuentro con los medios de comunicación en el Salón de Actos de la Delegación Territorial de la ONCE.
Ha hecho énfasis en la importancia para la organización de personas con discapacidad de dar respuesta a varias demandas históricas. Principalmente a tres: agilizar el trabajo de la administración pública, lograr un acuerdo de financiación justa y dar reconocimiento al Tercer Sector en la región.
Con la reforma del Estatuto en marcha y el diálogo con los partidos políticos, desde el Cermi han visto oportuno el momento para llegar a acuerdos en materia de derechos de las personas con discapacidad, especialmente en el "blindaje" de los Derechos Sociales y en el reconocimiento del Tercer Sector en el nuevo Estatuto, que debe ser "plenamente inclusivo y accesible" para toda la ciudadanía.
En cuanto a la agilidad, Gómez Palomo ha pedido un mejor acceso a la red de apoyo y recursos de atención de las personas con discapacidad en la región, ya que esto va a permitir que el reconocimiento del grado de discapacidad se realice con mayor premura.
"En 2023 entró en vigor el nuevo baremo de reconocimiento de grado de discapacidad, pero en la región seguimos acumulando aún muchos retrasos en la valoración de ese grado de discapacidad especialmente en los centros base de Toledo y Albacete", estas provincias acumulan entre 20 y 19 meses de tiempo medio para el reconocimiento de la discapacidad. "El tiempo medio de Castilla-La Mancha supera los 15 meses", ha confirmado la presidenta del Cermi en la región.
Sobre la Ley de simplificación administrativa, en la que el Gobierno de Castilla-La Mancha está trabajando, la han calificado de "esencial". Por ello, han exigido que la relación entre Administración y ciudadanía sea más accesible, adaptada a un lenguaje fácil y con un simplificación de la burocracia.
Cermi ha reivindicado la importancia de contar con una Ley de Accesibilidad Universal, ya sea para 2024 o a lo largo de la legislatura. "Hablamos de un concepto de accesibilidad 360º y de eliminar barreras de todo tipo", logrando un acceso completo a servicios públicos como son el turismo, el ocio o el consumo.
La búsqueda de nuevos avances sociales marca la hoja de ruta de la organización, entre las prioridades está "la implementación de una Estrategia de Educación Inclusiva" y el desarrollo de un "auténtico espacio sociosanitario". Junto a ello, no pierden de vista el acceso al empleo de las personas con discapacidad, especialmente en los procesos de incorporación al empleo público.
Como todos los años, para 2024 han considerado "más urgente que nunca" reivindicar la "sostenibilidad y la estabilidad del sector" llegando a un acuerdo de financiación con la Junta que pase de un sistema de subvención anual a un modelo estructural de concertación social. "Tenemos la esperanza de que pronto nos sentemos con el gobierno regional a a trabajar en estas reformas necesarias", ha asegurado Gómez Palomo.
Para concluir, la presidenta del Cermi en la región ha denunciado dos cuestiones que se dan a diario en Castilla-La Mancha. Por un lado, "las prácticas de juego ilegal" de grupos que "utilizan y se valen de personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad social". Por otro lado, han pedido "la eliminación de las contenciones mecánicas en el ámbito sanitario, amarres de personas mayores y con discapacidad que están considerados "como tortura por la Organización de las Naciones Unidas".