La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Albacete dio recientemente un nuevo paso en el embrollo administrativo en que se ha convertido la liquidación del contrato de gestión del Palacio de Congresos y sus instalaciones anexas, con posturas divergentes entre el Consistorio y la empresa concesionaria, que sí parecen estar de acuerdo en la conveniencia de acabar con esa relación contractual, pero difieren acerca de los compromisos económicos que han de acompañar a resolución. Así viene ocurriendo desde que la mercantil, en plena pandemia, solicitara un reequilibrio de cuentas por pérdidas con una aportación anual de más de un millón de euros por parte del Ayuntamiento hasta acabar la concesión, en 2047, propuesta que fue rechazada.
Con la disputa abierta tanto en la vía administrativa como la judicial (con un procedimiento en un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la ciudad, para el que el Ayuntamiento destinó unos 200.000 euros en gastos de defensa), lo que hizo ahora la Junta de Gobierno fue cumplir con su obligación legal de resolver los procedimientos abiertos, desestimando todas las alegaciones que presentó la empresa y aprobar el incidente de liquidación del contrato de concesión de obra mencionado por una cantidad de 8.852.860 euros a favor del concesionario.
Sin embargo, con los datos incluidos en el expediente, el Ayuntamiento no tendría que hacer ningún abono a Inversiones Hoteleras Albacete, la concesionaria, ya que se estima que esta deja unas obligaciones económicas mayores a la Administración local por las condiciones en que ha prestado el servicio, al no entregar «en buen estado de conservación y uso la obras incluidas en la concesión», según el expediente. De hecho, de acuerdo a los informes técnicos que lo acompañan, el saldo a favor del Ayuntamiento, que la empresa debería compensarle, sería de unos 5,7 millones de euros, a falta de calcular el coste la extensión de la concesión desde que presentó su propuesta de renuncia voluntaria. Sobre ese último extremo, alega pérdidas anuales de más de un millón de euros, pero el Ayuntamiento señala que «solo ha aportado un balance de contabilidad y no la documentación acreditativa de gastos e ingresos».
La cantidad se obtiene de restar los 8,8 millones de euros ya mencionados a los casi 14,6 en que el Ayuntamiento estima el perjuicio causado. De ellos, 8.635.000 corresponden textualmente «a deficiencias de mantenimiento y conservación en las instalaciones derivadas del acto de reversión», calculándose esa cifra como el coste que tendría repararlas. El expediente señala que ascienden a casi 4,5 millones (IVA excluido) las de arquitectura y urbanización en el palacio y el hotel anexo (incluido también en la concesión), mientras que cifra en cerca de 860.000 las del equipamiento escénico y 165.000 las de otras instalaciones.
REACCIONES. El equipo de Gobierno declinó hacer comentarios acerca del expediente de liquidación, a petición de La Tribuna, mientras que la portavoz del grupo municipal socialista, Amparo Torres, señalaba a este diario que «en este, como en otros asuntos, el alcalde no nos ha dado ninguna información». «El Palacio de Congresos es un recurso imprescindible para la ciudad, sobre el que ahora hay una incertidumbre que no es buena, porque no podemos vendernos como ciudad de congresos sin contar con una instalación que cumpla unos estándares», señalaba Torres, abogando por «resolver este asunto desde la política, con voluntad de negociar y sin dejarlo a expensas de una futura sentencia, que puede ser desfavorable». Al respecto, sobre las gestiones realizadas en el anterior mandato con gobierno del PSOE, señalaba que «desde la renuncia unilateral y las pretensiones iniciales de la empresa, hubo muchas negociaciones y estábamos cerca del entendimiento, pero desde el cambio de gobierno en junio no hemos sabido nada más, pese a que dejamos encaminada una nueva licitación, con la empresa actual operando hasta que hubiera una nueva adjudicación». «No se han interesado por ello ni han buscado aliados para tratar de llegar a una solución cuanto antes», añadía acerca del actual Gobierno municipal, asegurando después que «al alcalde o bien no le preocupa el asunto o piensa que ya vendrá alguien después para afrontarlo».
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