Al Gobierno no le vale con crear crisis institucionales dentro y fuera de España. Pronto han empezado a verse las diferencias entre ministerios cuando el manejo de la cartera en cuestión enfrenta al PSOE de Pedro Sánchez con Sumar. Viene la marejada de días atrás, cuando la vicepresidenta Yolanda Díaz supo que la vicepresidenta Nadia Calviño preparaba una propuesta para reformar el subsidio por desempleo, que es una exigencia de la UE vinculada a la obtención de fondos comunitarios, que es diametralmente opuesta a la suya. El caso tiene fondo y forma, pero también un contexto que es crucial.
Las economías más poderosas de la Unión, las de los eufemísticamente llamados países frugales, no querían dar a España las cantidades que finalmente se comprometieron como parte del proceso de reconstrucción económica después de la pandemia de covid y para la reconversión de sectores como la automoción, cruciales para la economía europea. Uno de los muchos aspectos que levanta ampollas en Bruselas es el pago de subsidios. El Norte quiere políticas encaminadas a lograr el pleno empleo, no a subsidiar el paro con los impuestos de los trabajadores, y entiende que España conducía en dirección contraria desde el Gobierno de coalición entre Sánchez e Iglesias.
Ahora parece que sí, que hay acuerdo en el Ejecutivo en revisar las condiciones de un subsidio que alcanza a quienes ya no tienen derecho a cobrar el desempleo y, durante un período de 30 meses, pueden percibir algo más de 400 euros para garantizar la cobertura de las necesidades más esenciales. El problema es que esta política está excitando la economía sumergida. Hay personas que cobran ese subsidio y que sí están trabajando, pero lo hacen en 'negro' para no perder la prestación. Sucede que son personas con ingresos muy bajos para los que una diferencia porcentual baja puede suponer mucho, así que se están cronificando en el sistema.
Esta situación ya fue advertida años atrás por la patronal, que fue tildada de inhumana y depredadora por criticar un sistema basado en el subsidio en lugar de apostar por una integración laboral efectiva. Ahora, el Gobierno hace dos propuestas que únicamente coinciden en que el subsidio pueda ser compatible con un empleo, de forma que se logre aflorar la economía sumergida que se mueve en torno al empleo precario, o al menos una parte de ella. En todo lo demás (importe, plazos...), Calviño y Díaz discrepan mientras la UE aporrea a la puerta de España, que tendrá también que emprender una reforma fiscal que derivará en lo de siempre: asfixiar a las clases medias, que son las que tienen capacidad de pago e imposibilidad de ocultarlo. Pronto empiezan las curvas cerradas.