Con la salida de todos los inquilinos de las viviendas será a partir de hoy cuando las máquinas entren de lleno para llevar a cabo los trabajos de demolición de las conocidas como casas de la Renfe, trabajos que deberían haberse llevado a cabo ya si no fuera por los obstáculos encontrados por parte de los operarios que tienen adjudicado el contrato de derribo, tanto por la suciedad y enseres encontrados en los patios de los portales afectados, como por las dificultades para desocupar las viviendas, a pesar de contar los técnicos municipales de la Gerencia de Urbanismo con las autorizaciones judiciales pertinentes para ello.

También durante la semana pasada los operarios han procedido a eliminar el amianto de las 64 viviendas, 52 de ellas de titularidad municipal.

El principal inconveniente encontrado en los últimos días que ha ralentizado el proceso es que conforme un portal era tabicado para evitar su ocupación se volvía a llenar de inquilinos, en su mayoría inmigrantes temporeros  de diferentes nacionalidades que no tienen otro lugar donde vivir y que a pesar de que el edificio cuenta con la declaración de ruina han encontrado en estas viviendas insalubres su hogar. 

Por este motivo, ayer se reforzó la seguridad con más agentes de la Policía Nacional, ya que a los de la ciudad de Albacete se unieron efectivos de Toledo.

Este expediente se remonta a noviembre de 2018 cuando un informe técnico de Urvial (sociedad de gestión urbanística encargada de estas viviendas y de su mantenimiento) dictaminó que podría haber problemas en la estructura del inmueble, por lo que propusieron la realización de un estudio estructural del edificio, que posteriormente en marzo de 2022 concluiría con la declaración de ruina de la construcción. Es precisamente el peligro inminente de derrumbe lo que una vez superados todos los trámites administrativos de este procedimiento llevan ahora al Ayuntamiento a tomar la decisión del derribo, a pesar de que son conscientes del problema social de habitabilidad que genera para las personas alojadas en esos pisos y la imposibilidad del Consistorio de alojarlos en otros recursos, teniendo en cuenta la larga lista de espera de vivienda social que existe en la ciudad.