Los recursos hídricos son especialmente fundamentales en la denominada España seca, en la que se encuentra nuestra provincia, por lo que toda actualidad en esta materia debe ser analizada concienzudamente. Ahora, según el Plan Hidrológico Nacional, tener un Plan de emergencia municipal contra la sequía sólo es obligatorio para los ayuntamientos o entidades mancomunadas que tengan más de 20.000 habitantes, pero en el borrador del nuevo Plan Especial de Sequía, que se encuentra en proceso de consulta pública y sustituirá al que se aplica en la actualidad, vigente desde 2018, se contempla que todos los municipios, con independencia de su población, cuenten con el mencionado plan.
En el caso de la Demarcación del Júcar, sólo dos municipios cuentan con este tipo de plan, que son la capital y Almansa, por lo que si lo plasmado en el borrador llega a puerta, serán muchas las localidades que tendrán que trabajar en este apartado hídrico, ya que la propia Confederación del Júcar es la que considera que es recomendable porque, precisamente, son los pequeños municipios los más vulnerables ante la sequía. Demostrado está, porque no quedan tan lejanas las escenas de camiones cisternas para llevar agua potable a algunas localidades o pedanías de la provincia.
Para la confección de estos planes no sólo hay que tener en cuenta la población afectada en cada caso, sino también los recursos disponibles, tanto ordinarios como extraordinarios, los consumos que se realizan y los escenarios posibles, que son los de «normalidad» o nivel verde, que coincide con la ausencia de escasez; «prealerta» o nivel amarillo, que es escasez moderada; «alerta» o nivel naranja, que es escasez severa, y, finalmente, «emergencia» o nivel rojo, que es escasez grave, teniendo cada uno de los escenarios sus medidas a aplicar.
Como se puede comprobar, la elaboración de este tipo de planes es compleja en general y se agudiza más en el caso de los pequeños municipios, pero en el caso de la provincia se puede encontrar apoyo en la Diputación Provincial y, más concretamente, en su Servicio de Hidrogeología, tanto para lograr soporte técnico como económico, caso para el que la institución provincial optará a una ayuda dentro de la tercera convocatoria del Perte del agua.
Como se puede comprobar, los mencionados planes de emergencia contra la sequía que se pretenden implantar tienen un desarrollo complejo y que también es costoso, por lo que, además de la Diputación Provincial, las demás administraciones también deben ser sensibles con este asunto, que afectará a muchos ciudadanos del mundo rural.