Humillación, sería la palabra. Y ante las cesiones de Pedro Sánchez a los golpistas catalanes, una sensación de vergüenza cuya traslación aritmética solo podríamos conocer con exactitud caso de que se repitieran las elecciones. Que no sucederá porque a tenor de las últimas concesiones a ERC Sánchez está dispuesto a pagar cualquier peaje por oneroso que sea.

De momento, el último lote se lo ha arrancado Oriol Junqueras: amnistía generalizada para todo tipo de delitos cometidos en los últimos diez años por los separatistas y sus allegados, más la condonación de 15.000 millones de la deuda de Cataluña con el Estado y la entrega de la gestión de las cercanías ferroviarias. Y falta conocer el alcance del segundo trágala, el que impondrá el fugado Carles Puigdemont para entregar los votos de los 7 diputados de Junts. No ha querido cerrar el trato porque en la disputa con Junqueras por la hegemonía en el territorio independentista quería asegurar la foto definitiva de la rendición de Sánchez.

Mantiene el suspense poniendo a prueba los nervios de los inquilinos de La Moncloa -que es desde donde se están gestando todos los enjuagues- pero es una pausa escénica. Quiere pedir más que ERC, conseguirlo y ampliar el radio de la humillación a los jueces ya al Estado de Derecho, incluyendo en las causas amnistiables a Laura Borrás, expresidenta del Parlament condenada por prevaricación y malversación y a Gonzalo Boyé, el abogado encausado por un presunto delito de blanqueo de capitales de narcos gallegos.

La humillación a la que me refería la sienten y la expresa el comunicado de una parte de los vocales del CGPJ y en la misma línea de repudio a la amnistía los magistrados -jueces y fiscales- de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, quienes alertan de que dicha medida, de llevarse a cabo, rompería las reglas de la Constitución y sería el principio del fin de la democracia.

Ante previsiones tan inquietantes la pregunta que seguro que se están haciendo muchos ciudadanos es si no habrá diputados en el PSOE capaces de decir "no" a semejante atropello -todavía están a tiempo-y, también, qué pueden hacer los jueces, la Justicia, para intentar evitar lo que apunta el comunicado del CGPJ: que la concesión de la amnistía podría aparejar la abolición del Estado de Derecho. Sabemos que la ambición de un solo ciudadano está a punto de imponerse a todo un país y que nada parece que pueda frenar su inquietante deriva autoritaria. Pese a que en estos años se ha ido laminando la separación de poderes y no se respetan las instituciones de control, queda, sin embargo, una esperanza. La llamaría la hora de los jueces.