El concierto de los centros de menores de Castilla-La Mancha está en una maraña judicial. CCOO lo llevó al Tribunal de Recursos Contractuales y consiguió que lo anularan. Pero en la reunión que mantuvieron esta mañana los representantes del sindicato con la consejera de Bienestar Social se enteraron de que la Junta va a recurrir por lo contencioso-administrativo dicha anulación pidiendo como medida cautelar mantener el mismo concierto, algo que para CCOO es un error. «Si la resolución acuerda la anulación, el órgano de contratación deberá convocar una nueva licitación», clama Antonio Romero, responsable estatal de protección de Menores de CCOO Enseñanza.
Explica que entre los motivos por los que el Tribunal ha anulado el concierto está el hecho de que sale con un criterio de precio a la baja, algo que no se puede hacer cuando se trata de servicios públicos, pues una oferta muy baja de una adjudicataria para hacerse con el contrato podría poner en peligro la calidad de prestación de este servicio. Hay que recordar que en estos hogares viven los menores que son tutelados por la Junta y en algunos centros más específicos aquellos que cumplen medidas judiciales por haber delinquido.
Uno de los problemas que denuncia CCOO es que el concierto no se somete al convenio del sector, con el que se había conseguido un incremento salarial. Beatriz Cubero, una educadora social de Guadalajara, apuntó que ella por ejemplo gana 1.300 euros, con veinte años de antigüedad y nocturnidad.
Una cuestión de seguridad
Pero además del tema salarial está la seguridad de los educadores sociales en juego y más aún tras el asesinato de una educadora social en Badajoz la semana pasada. «Los educadores tienen que denunciar por situaciones de violencia o de estrés», avisa Romero, «la principal causa de baja laboral son los riesgos psicosociales». «Todos los que trabajamos en este sector hemos sufrido agresiones verbales, físicas, amenazas», apunta Cubero, que trabaja en Guadalajara. «Tal vez hemos normalizado este tipo de situaciones. Lo que ha ocurrido a nuestra compañera en Badajoz es algo que se veía venir», añade.
El sindicato revela que con el presupuesto que tiene este concierto no se puede garantizar que haya dos educadores por turno. También se quejan de que no hay suficientes recursos especializados para los menores con trastornos, adicciones o que presentan conductas disruptivas, de modo que al final se acaban quedando en los hogares de protección ordinarios.