Los conflictos por las lindes han sido, desde tiempos inmemoriales, un tema candente en la España rural. La historia está repleta de disputas entre ayuntamientos y particulares que, a menudo, han terminado en los tribunales, alimentando a generaciones de abogados. Sin embargo, en la actualidad, estos pleitos han cobrado una nueva dimensión, impulsados por el auge de las energías renovables, sobre todo la eólica
Un estudio de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) revela que cada año se presentan alrededor de 3.000 litigios relacionados con cerramientos de fincas, titularidades de caminos y servidumbres de paso. Pero la llegada de los parques eólicos ha intensificado esta problemática, convirtiendo la delimitación de terrenos en un asunto de vital importancia económica. La diferencia de un metro en la ubicación de una linde puede traducirse en miles de euros en tasas e impuestos, lo que ha llevado a muchos municipios a luchar con uñas y dientes por lo que consideran su territorio.
El caso de Hoya Gonzalo e Higueruela es un claro ejemplo de esta realidad. Desde 2001, ambos municipios han estado inmersos en una disputa sobre la titularidad del terreno donde se asienta un parque eólico, que según Hoya Gonzalo entre 88 metros en su término municipal. A medida que la energía renovable se convierte en un pilar fundamental para el desarrollo sostenible, la presión por definir claramente las lindes se intensifica. La intervención del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en 2023, que dio la razón a Higueruela, no ha puesto fin a la controversia, ya que el camino judicial aún está por recorrer.
Este escenario nos invita a reflexionar sobre la necesidad de establecer mecanismos más claros y eficientes para la resolución de conflictos relacionados con las lindes. La creciente importancia de las energías renovables en la economía local no puede ser un motivo para que los municipios se enfrenten entre sí. En lugar de vernos como competidores, deberíamos encontrar formas de colaborar y beneficiarnos mutuamente de los recursos que nos ofrece nuestro entorno.
Es fundamental que las administraciones públicas, junto con los actores involucrados, trabajen en la creación de un marco normativo que facilite la resolución de estos conflictos de manera ágil y justa. La transparencia y el diálogo son esenciales para evitar que las disputas territoriales se conviertan en un obstáculo porque no se puede estar toda una vida peleando por un metro de tierra.