Las pruebas periciales centraron la cuarta sesión del juicio el juicio contra A.G.S., el hombre acusado de asesinar y emparedar a María Isabel de la Rosa, la trabajadora de la ONCE desaparecida en Albacete en agosto de 2021, que se desarrolla en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Albacete. Cabe recordar que la Fiscalía solicita para el acusado, autor confeso de los hechos, la prisión permanente revisable, mientras que la defensa aboga por penas de entre cuatro y 10 años de cárcel,
Declararon dos forenses que participaron en la diligencia de levantamiento del cadáver, como parte de la Comisión Judicial y en colaboración con un grupo Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) de la Policía Nacional, que fue el encargado de derribar el muro tras el que se encontraba el cuerpo de la fallecida. Uno de esos peritos comparecía por videoconferencia, lastrada por unos problemas técnicos que llevaron a retrasar el inicio de la vista.
De esa fase, destacaron ambos las dificultades con que se llevó a cabo por lo reducido el espacio en el patio en el que el acusado levantó esa pared. De hecho, los forenses tenían que salir y volver a entrar con cada indicio que hallaban los policías. De estos, detallaron que, antes del cadáver, se hallaron el chaleco de vendedora de la ONCE, su terminal de pago y una garrafa de lejía.
En cuanto a la toma de muestras del cuerpo y la posterior autopsia, uno de los forenses detalló que, bajo las uñas de la mano izquierda, se encontraron restos que no coincidían con el ADN del acusado. Destacaron también el avanzado estado de descomposición del cuerpo, "con demasiada putrefacción para el tiempo que llevaba" en ese espacio, hecho que atribuyeron a las condiciones de calor de ese patio, cubierto con uralita, y la humedad del cemento con el que A.G.S. declaró que había cubierto los ladrillos del muro.
El estudio del cadáver mostró una lesión en la laringe, que llevó a que los forenses remitieran "el bloque cervical" al Instituto Nacional de Toxicología, dados los indicios de una fractura en los huesos del cuello, que finalmente no existía. La autopsia no pudo determinar de forma categórica la causa del fallecimiento, aunque sí dejó constancia de las lesiones eran "compatibles con compresión extrínseca del cuello y muerte por anoxia encefálica", el estrangulamiento que ya había confesado el acusado.
Tras otra ronda de declaraciones, dedicada a los técnicos de los diferentes servicios que analizaron las muestras enviadas a Madrid, concluyó la vista con la de los forenses a los que se encomendó un informe sobre el estado mental del acusado, que concluyeron que "no presentaba ningún trastorno" en el momento de la entrevista.