La exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, niega la evidencia de unas conversaciones grabadas con el excomisario de policía, José Manuel Villarejo, reveladoras de la denominada 'operación Cataluña' desarrollada por la 'policía patriótica' para perjudicar a los partidos independentista catalán. "La policía política es una ficción", ha dicho quién no ha resultado inculpada en ningún caso por la justicia en uno de los asuntos más graves y perjudiciales para la vida democrática del país de los últimos años, la persecución política de los adversarios políticos, como bien saben también en Podemos para que no llegara al gobierno. Contra toda evidencia, Cospedal no da validez a esas grabaciones y, como Joaquín Sabina, entona aquello de 'lo niego todo'.

Pese a la negación de lo que se escucha en las conversaciones desveladas hay dos apuntes que demuestran como la exministra de Defensa y el policía que ha sido e factótum de la corrupción política en su vertiente de acoso a los partidos políticos, es su capacidad para influir en la Audiencia Nacional y en la fiscalía para, en unos casos, instar procesamientos, y en otros, para aliviar las cargas de los investigados en determinadas causas. Mientas determinadas terminales políticas y judiciales se afanan en subrayar como el presidente del Gobierno trata de someter a los jueces, de hacer leyes ad hoc para beneficiar a personas de su entorno, o cede ante las demandas de determinados condenados, al Partido Popular y al Gobierno de Mariano Rajoy no le hacía falta emprender reformas legales porque tenían los instrumentos directos para influir en las decisiones de distintos actores judiciales. Quizá los lodos del actual desprestigio de la justicia por todos los procesos judiciales que causan sorpresa a los expertos por la forma en la que se han puesto en marcha, por la dilación que los rodea para su uso político, o porque que se hayan admitido a trámite con unas pruebas insuficientes y en contra de la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo, proceda de esa injerencia de los partidos políticos en la labor de los jueces que han tenido a su servicio ¿Hace falta ejemplos? Pero es una desconsideración hacia ellos hablar de lawfare.  

Quienes se rasgan las vestiduras porque el Tribunal Constitucional se ha convertido en "un cáncer del Estado de derecho (Esteban González Pons) por resoluciones que benefician los interese del PSOE tienen la memoria corta sobre lo que ha hecho en otras ocasiones con una mayoría conservadora. Que se haya desatado una campaña contra el alto tribunal por alguna de sus decisiones, como revocar la sentencia de los ERE, que la Audiencia Provincial de Sevilla ha llevado a la justicia europea con una cuestión prejudicial abre una veda por la que se van a colar otros cuestionamientos cuando el TC vuelva a cambiar de mayoría dentro de unos años. Por el momento habrá que esperar a ver que resuelve la justicia europea, pero el daño al TC ya está hecho.

María Dolores de Cospedal lo ha negado todo, -como el PSOE niega el espionaje a los independentistas catalanes con 'Pegasus-, pero hay otro pasaje de la conversación grabada con Villarejo que también tiene su sustancia, cuando se compromete a una gestión con la empresa pública Enresa como medio de pago, a través de un contrato para Villarejo, de una deuda con un confidente. Una vez más los fondos públicos sirven para pagar la corrupción política. ¿Les vuelve a sonar?