La secretaria de Estado de Economía Social del Gobierno de España, Amparo Merino, ha clausurado esta tarde en la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos del Campus de la UCLM en Albacete el Seminario "La sociedad laboral, uno de los motores de la economía social", en que se ha presentado la Guía digital para las sociedades laborales. 

Merino, que ha sido profesora de esta Facultad de Relaciones Laborales en los últimos 15 años, trasladó a los asistentes el compromiso del Gobierno de España con la economía social, impulsando a todas las familias que la integran, y de forma especial, a las sociedades laborales.

La secretaria de Estado de Economía Social informó que ha diseñado un calendario de acciones en distintas localidades del país que tiene como objetivo dar visibilidad a la economía social, y en este sentido Amparo Merino apuntó "que las sociedades laborales son un pilar fundamental de la economía social, que se nutre de un conjunto de principios y valores vinculados a la democracia, el feminismo, la sostenibilidad, el arraigo territorial".

Merino, que recordó que se ha superado el trámite de enmiendas a la totalidad del proyecto de Ley integral de impulso de la economía social, que se encuentra en el trámite de presentación de enmiendas parciales, confió en que se consiga el mayor consenso de todos los grupos parlamentarios en su aprobación definitiva. No obstante, la secretaria de Estado de Economía Social aseguró que esta futura Ley cuenta con el consenso de todas las familias profesionales que integran la economía social, "es una ley demandada por este sector".

Asimismo, Amparo Merino aclaró que los centros de especiales de empleo de iniciativa empresarial son los que han mostrado discrepancias a este proyecto de ley. "Es cierto que en el artículo cinco de esta normativa se establece las entidades que forman parte de la economía social, siempre que cumplan con una serie de valores y principios, y aquí hacemos referencia expresa a los centros especiales de empleo de iniciativa social, pero el hecho de que no se mencione a los centros especiales de empleo de iniciativa empresarial en el proyecto de ley no afecta en forma alguna a su funcionamiento normal en el mercado, es decir, no implica en ningún caso la pérdida de puestos de trabajo, porque aunque quedaran fuera de la economía social actúan en el mercado con plena normalidad como cualquier otra entidad empresarial".