El viernes 27 de octubre, el Ministerio de Justicia hacía llegar una resolución por la que se anunciaba el fin del teletrabajo para los funcionarios de la Administración de Justicia, una medida que afectaba fundamentalmente a los Letrados de la Administración de Justicia y a los Cuerpos Generales (Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial) y Especiales (médicos forenses, facultativos y técnicos del Instituto Nacional de Toxicología).

Dicha medida que no sentó nada bien a los alrededor de 480 funcionarios de Justicia de la provincia está próxima a revertirse y es que las negociaciones con el Ministerio de Justicia han comenzado a dar frutos, tal y como señala el representante de UGT en los juzgados albacetenses, Antonio Marín. «Sobre teletrabajo hay un documento que se ha realizado gracias a varias reuniones, que el Ministerio asume como suyo. El documento de teletrabajo es un documento base, un documento marco, luego cada comunidad y las no transferidas tendrán que negociar su teletrabajo y cuantos días lo podrán realizar».

Satisfacción. Aunque queda mucho por negociar, desde los sindicatos se ve como positivo que se haya asegurado el regreso del teletrabajo, como señala la representante del sindicato STAJ en Albacete, María del Carmen García. «El teletrabajo va a volver con seguridad, en este sentido estamos satisfechos, el problema está en las retribuciones».

En este sentido,Marín señala que  también hay un principio de acuerdo. «Sobre la Ley de Eficiencia se hizo un grupo de trabajo para decir que con el aumento de competencias se tenían que aumentar nuestras retribuciones, ese documento dice que las leyes de eficiencia tienen un impacto en nuestras funciones y hay que retribuirlo económicamente».

Sin embargo, en este punto hay un problema. «El Ministerio dice que va a subir el complemento específico de los funcionarios del ámbito no transferido, entre los que se encuentra la provincia de Albacete y se niega a asumir una subida general del complemento general del puesto, que sería para todos».

En este sentido, todos los sindicatos están de acuerdo con que la subida debe hacerse a los funcionarios de toda España, como señala María del Carmen García. «El conflicto y todas estas responsabilidades que trae la Ley de Eficiencia Organizativa es de ámbito nacional y afecta a todos los funcionarios de la Administración de Justicia, porque somos un cuerpo nacional».

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